6 de noviembre de 2024
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CCOO-A advierte de «retrasos» en el pago de nóminas de trabajadores de ayuda a domicilio por parte de los ayuntamientos

CCOO-A advierte de "retrasos" en el pago de nóminas de trabajadores de ayuda a domicilio por parte de los ayuntamientos

El sindicato CCOO-A advirtió ayer de la existencia de «retrasos de varios meses» en el pago de las nóminas de los trabajadores de ayuda a domicilio, servicio previsto en la Ley de la Dependencia, por parte de «numerosas» Administraciones locales de Andalucía, a pesar de que la Junta financia dicho servicio con seis meses de adelanto.

Según indicó a Europa Press, la secretaria general de la Federación Andaluza de Actividades Diversas, Juana Mancilla, algunos ayuntamientos andaluces adeudan «desde el mes de junio» el pago del salario de estos trabajadores, en su mayoría mujeres, lo que, unido a «las condiciones de precariedad» existen en el sector, colocan al colectivo en una situación «insostenible, aún más en estos momentos de crisis».

Tal y como destacó Mancilla, esta situación es «incomprensible» dado que la Junta de Andalucía, a través de la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social, financia el coste de este servicio a las Administraciones locales con seis meses de adelanto para que éstas «no tengan que detraerlas de sus arcas municipales».

En este sentido, recordó que los servicios contemplados en la Ley de la Dependencia cuentan con un partida presupuestaria «independiente» que, además, «es la que más ha crecido en los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año y parece ser que la Junta seguirá la misma línea en los suyos».

Según criticó la secretaria general, los ayuntamientos «se gastan el dinero de esta partida y no pagan en tiempo y forma a los trabajadores de ayuda a domicilio, siguiendo una política de gastos que no tiene nada que ver con la situación de crisis que atravesamos», algo que, según lamentó, también ocurre en «prácticamente todos los servicios que externalizan las Administraciones locales».

Asimismo, Mancilla consideró que la Junta de Andalucía «tiene que controlar la gestión que hacen las diferentes administraciones del dinero público, más aún en estos tiempos de crisis», por lo que instó al Gobierno andaluz a disponer de mecanismos para hacer un seguimiento de «dónde y cómo se dirigen estas partidas que adelantan para sufragar el coste de la ayuda a domicilio». «No comprendo cómo la Junta envía dinero a las administraciones locales para financiar este servicio y después se desentiende», apuntó.

En este sentido, informó que la propuesta de los sindicatos es que se cree un organismo autónomo similar al Servicio Andaluz de Salud (SAS) para que gestionara estos servicios y su financiación, con el objetivo de que las prestaciones ofrecidas «sean las mismas en las diferentes provincias».

CONTRATOS A «TIEMPO PARCIAL» Y SALARIOS «BAJOS»

Por otro lado, indicó que, además de los retrasos, estos trabajadores «soportan otras dificultades», como que, en su mayoría, se trata de contratos a tiempo parcial y que perciben una nómina inferior a la contemplada en el Convenio Colectivo Marco Estatal de Servicios de Atención a la Dependencia.

De este modo, criticó que, frente a los 13 euros por hora fijados en el mismo, en Andalucía «muchas de las personas que prestan estos servicios no cobran más de cinco euros la hora y están dadas de alta como empleadas del hogar», con lo que la nómina mensual alcanza «con dificultad los 800 o 9000 euros al mes».

Mancilla informó que el sindicato, junto con UGT-A, está intentando alcanzar un acuerdo –que en un principio se había previsto cerrar antes de verano– con la Junta de Andalucía con el objetivo de fijar unos «mínimos» de calidad en el servicio, calidad «tanto en la prestación del propio servicio a los usuarios como en las mismas condiciones de trabajo de los empleados», entre los que se cuentan una «mejora salarial y una mayor estabilidad laboral».

Tal y como lamentó, todas estas dificultades «perjudican en última instancia al usuario, que es una persona dependiente necesitada de cuidados básicos y que tiene un derecho reconocido por Ley».

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