El Ministerio de Trabajo e Inmigración lleva aprobadas 1.869 peticiones, un 44 por ciento, de las 4.243 solicitudes presentadas por desempleados andaluces para recibir la ayuda de 421 euros mensuales para parados que tenían agotada la prestación desde el 1 de agosto.
Según datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración, consultados por Europa Press, las 4.243 solicitudes de ayudas presentadas en Andalucía suponen el 23,8 por ciento de las solicitudes presentadas a nivel nacional cifradas en 17.770 peticiones.
De esta forma de los 4.243 expedientes recibidos, 1.869 fueron peticiones aprobadas, mientras que 257 fueron denegadas. Por otro lado, quedan pendientes y en proceso de tramitación un total de 1.965 solicitudes.
Del total de expedientes recibidos, Málaga fue la provincia que más solicitudes recibió, con 815 peticiones, seguida de Sevilla (720), Cádiz (688), Córdoba (461), Granada (442), Almería (434), Jaén (424), mientras que Huelva fue la provincia que menos solicitudes presentó, con 259 solicitudes presentadas.
En cuanto a las solicitudes ya aprobadas, Sevilla, fue la provincia que más solicitudes ya aprobó, con 364 peticiones aprobadas, seguida de Almería (310 peticiones), Jaén, con 300 peticiones aprobadas, Málaga (249), Cádiz (218), Granada (208), Córdoba (194). En el caso de Huelva, apenas 26 solicitudes han sido aprobadas.
Para el secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, la «escasa incidencia» de esta ayuda entre los desempleados en Andalucía «es consecuencia de lo que veníamos diciendo, pues esta medida es absolutamente insuficiente porque Andalucía ha tenido un empleo eventual y menos acumulación de meses trabajados».
De esta forma, según indicó Carbonero a Europa Press, «hay mucha gente que no cobra de forma continua y que sus últimas prestaciones las recibieron antes del 1 de enero».
«Mucha gente tiene necesidad pero no cumple el requisito establecido», se lamentó Carbonero, quien advirtió de que en Andalucía «hay 182.000 personas que no pueden cobran en estos momentos ninguna prestación aunque hayan tenido trabajo en otro momento, son personas que han cotizado y tenido prestaciones pero que ahora no pueden acceder a esta medida».
Agregó que actualmente «la gente vive de la solidaridad familiar del aumento de la economía sumergida», tras lo que consideró necesario una «revisión» del sistema para que los trabajadores del campo puedan acceder a estas prestaciones «pues muchos de los parados que estaban en el sector de la construcción ahora residen en el medio rural y se están incorporando otra vez a tareas agrícolas».
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