El Gobierno destinará 50 millones de euros para financiar el incremento salarial del 0,3% para los funcionarios en el año 2010, que contempla el acuerdo para la función pública 2010-2012 firmado ayer con los sindicatos en el marco del diálogo social, tal y como anunció la vicepresidenta primera del Gobierno, Maria Teresa Fernández de la Vega.
De le Vega, que se reincorporó ayer al trabajo tras ser intervenida quirúrgicamente la semana pasada, firmó el acuerdo con los líderes sindicales de la función pública, Julio Lacuerda, de UGT; Enrique Fosul, de CC.OO., y Domingo Fernández, de CSI-CSIF.
Además, el Gobierno y sindicatos han llegado a un acuerdo para incorporar a los Presupuestos de 2010 los criterios por los que se regirá la Oferta de Empleo Público el año que viene, de forma que el total de plazas públicas no superará el 15% de la tasa de reposición y se concentrará en los sectores que se consideren «esenciales y prioritarios». Sin embargo, esta limitación no se aplicará al ámbito de la Justicia, la Sanidad, la Educación, las políticas de empleo, las instituciones penitenciarias o los municipios de menos de 50.000 habitantes.
El acuerdo, que se desarrollará durante los próximos tres años, incorpora un total de 50 medidas para el incremento de la calidad y la eficacia de los servicios públicos, la reforma y modernización de la administración y la mejora de las condiciones de trabajo. Asimismo, incorpora la profesionalización y la productividad de los empleados públicos, el mantenimiento del poder adquisitivo de los funcionarios y la garantía y el buen ejercicio de los derechos sindicales.
SE COMPENSARÁ LA PÉRDIDA DE PODER ADQUISITIVO EN 2012.
En materia de retribuciones, el Gobierno garantiza el poder adquisitivo de los funcionarios, con una subida salarial del 0,3% en 2010 y se ha acordado, por primera vez en la Administración del Estado, una cláusula de revisión salarial por la que la que el Ejecutivo se compromete a compensar en 2012 la pérdida de poder adquisitivo si se produjera.
Otro de los principales objetivos de este acuerdo es la modernización y reforma de la Administración. Para conseguirlo, además de continuar desarrollando el Estatuto Básico del Empleado Público, se elaborará una Ley de Función Pública, con el fin de empezar su tramitación como proyecto de Ley en septiembre de 2010.
Asimismo, se creará un Observatorio del Empleo Público encargado de realizar un diagnóstico que permita redimensionar las plantillas, establecer los criterios de calidad y eficiencia y el estudio de las necesidades de incorporación de nuevas categorías profesionales donde sea necesario. En este mismo sentido, se elaborará un Plan de Ordenación de Recursos Humanos con el objetivo de mejorar los servicios y la utilización «racional y eficiente» de los recursos.
Para impulsar una administración de calidad y eficaz, Gobierno y sindicatos han acordado culminar el desarrollo de la Ley de Acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos aprobada en junio de 2007, con la aprobación de un Real Decreto y con un Plan General de Formación de la Administración Electrónica.
Además, se hará efectivo el código ético de conducta de los empleados públicos, se implantará el teletrabajo donde sea oportuno y se simplificarán las plazas y los procedimientos. De la misma forma, la formación será uno de los retos de la administración, para ello se potenciarán los planes de formación no sólo para perfeccionar y mejorar las funciones a desempeñar por los funcionarios, sino que también den un impulso a su promoción y carrera profesional.
COMPROMISO PARA REDUCIR LA TEMPORALIDAD UN 8%.
Por último, el acuerdo contempla reducir las tasas de temporalidad hasta un máximo del 8%, elaborar planes de igualdad de trato entre hombres y mujeres en todos los ámbitos del sector público y permitir el acceso a la jubilación parcial, entre otros asuntos.
En la rueda de prensa, De la Vega aseguró que la búsqueda de consenso, la acción concertada y el compromiso con el interés general por parte del Gobierno y los agentes sociales ha favorecido el progreso y la estabilidad económica y social del país.
EL DIÁLOGO, MÁS NECESARIO QUE NUNCA.
De la misma forma, aseguró que, en un momento de dificultades como el actual, el diálogo social es, si cabe, «más necesario que nunca», por lo que el acuerdo de ayer supone, a su juicio, una «importante contribución» al diálogo y a ese nuevo modelo económico que necesita la economía española, contribuyendo, sin duda, a la salida de la crisis.
De la Vega consideró «razonable» el acuerdo porque asegura y garantiza la prestación de los servicios públicos y se ajusta a la austeridad que exigen los tiempos económicos, al tiempo que aprovechó para reiterar una vez más su agradecimiento a las organizaciones sindicales por su buena disposición y su espíritu constructivo en el proceso.
«Juntos hemos demostrado que el acuerdo es posible, y que cuando hay voluntad, generosidad y sentido de la responsabilidad siempre se puede llegar al consenso», señaló De la Vega, tras considerar que el acuerdo de ayer sirva de ejemplo para el diálogo social en el ámbito privado.
MENSAJES A LA CEOE.
«Desde las legítimas posiciones que cada uno defiende, el acuerdo es posible, necesario y de justicia, es lo que exigen los españoles a empresarios, sindicatos, partidos y políticos y poderes públicos en tiempos de crisis», añadió al vicepresidenta, tras confiar en que el espíritu de este acuerdo «sirva de estímulo» para la reactivación del diálogo social entre empresarios y sindicatos sobre la negociación colectiva.
El representante de UGT, Julio Lacuerda, celebró el acuerdo por tratarse de un compromiso «valiente y contundente» que contribuirá a superar la crisis económica bajo la premisa de que el gasto en servicios público es «la mejor inversión». Además, recordó que la creación de la cláusula de revisión salarial supone un «hito histórico» que debería hacer reflexionar a muchos porque puede transmitir «confianza y credibilidad».
Asimismo, arremetió contra la patronal por el bloqueo de la negociación colectiva y consideró que el acuerdo de ayer debería servir a la CEOE para «bajarse un poquito del monte» y darse cuenta de que dialogar y hablar «es posible».
«EL MEJOR ACUERDO POSIBLE».
De la misma forma, Enrique Fossoul (CC.OO.) aplaudió el «mejor acuerdo posible» en el «peor» escenario económico, y confió en que el Gobierno cumpla con todo lo pactado, al tiempo que aprovechó para denunciar a los actores económicos que, en lugar de aportar soluciones a la crisis, tratan de sacar «ventajas» para conseguir sus objetivos, como la patronal y los partidos de la derecha.
En este sentido, consideró que el acuerdo firmado ayer, además de demostrar la voluntad de los empleados públicos para salir de la crisis, quiere lanzar un mensaje a la sociedad, y en especial a la patronal, de que sólo con el diálogo social podrá salir de esta situación. Además, recordó que CC.OO. ha trasladado una oferta similar a la aprobada ayer al sector privado, aunque «otra cosa es que los señores que están al otro lado lo escuchen».
Finalmente, Domingo Fernández, (CSI-CSIF) celebró el acuerdo alcanzado gracias al compromiso e impulso de De la vega y a la apuesta «firme y decida» de los tres sindicatos para recuperar el diálogo social en el ámbito de la administración pública, paralizado en los últimos tiempos. «El diálogo social es el instrumento necesario que va a permitir racionalizar y modernizar las administraciones», señaló.
Cargando ...
Los comentarios están cerrados.