La Asociación de jueces Francisco de Vitoria se desmarcó ayer de la huelga convocada por los jueces para el próximo 8 de octubre por entender que esta protesta es «prematura y no va en beneficio de los jueces», aunque sin embargo calificó de «insuficiente» las medidas anunciadas por el Gobierno dentro del Plan Estratégico para la Modernización de la Justicia, aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros.
En un comunicado, la Francisco de Vitoria apoyó los «primeros pasos» dados por el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, en comparación con su antecesor en el cargo, Mariano Fernández Bermejo, quien se negó «absolutamente» a ofrecer alguna solución a las reivindicaciones de las asociaciones judiciales, desencadenando la huelga del pasado 18 de febrero.
«A partir de aquella fecha», explica esta asociación de jueces, «con el actual equipo del Ministerio de Justicia hemos alcanzado conjuntamente acuerdos en el ascenso forzoso o jueces de adscripción territorial; se ha aceptado también por el Ministerio de Justicia una radical modificación de lo inicialmente previsto para los señalamientos, y aunque no nos guste la caótica redacción final, asegura que el señalamiento quedará, en todo caso, en manos del juez».
La Francisco de Vitoria se congratula por el compromiso del Ministerio para convocar 250 nuevas plazas de jueces anuales en las oposiciones de los próximos tres años, así como 600 nuevos órganos judiciales en el mismo periodo, de los que 150 serán de Adscripción Territorial, así como la dotación presupuestaria extraordinaria de 600 millones de euros con la intención de desarrollar el sistema informático de la administración de justicia y su coordinación entre las diferentes comunidades autónomas.
PACTO DE ESTADO
Aunque esta asociación admite la dificultad de resolver todos los problemas en el corto plazo, reclama que las negociaciones con el Ministerio de Justicia se «intensifiquen» y ve como «imprescindible» que se alcance un «verdadero pacto de Estado entre todos los partidos políticos».
La Francisco de Vitoria censuró que el Gobierno se «empecine» en no resolver la «adecuada retribución de las guardias y de las sustituciones entre titulares, a pesar de reconocer que comparte los principios de estas justas reivindicaciones».
Esta asociación de jueces hizo un llamamiento a la «unidad de acción asociativa» tras advertir de que el llamamiento a la huelga es una «medida de presión extrema» de la que no es conveniente abusar.
«Sinceramente», concluyó la Francisco de Vitoria, «creemos que la huelga convocada para el 8 de octubre es prematura y no van en beneficio de los jueces, ni de la administración de justicia, ni de los ciudadanos que, a diferencia de lo ocurrido el 18 de febrero, no van a entender en este momento un posicionamiento tan extremo de la carrera judicial».
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