El Gobierno y los representantes sindicales de la función pública firmarán hoy el acuerdo salarial de los funcionarios para los próximos tres años, que incorpora un incremento salarial del 0,3% para 2010 y una cláusula de revisión salarial que garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios en el conjunto de la legislatura.
La firma estará presidida por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que se reincorpora hoy a su puesto de trabajo tras ser intervenida quirúrgicamente la semana pasada.
Según informó su Departamento, De la Vega firmará hoy el acuerdo con los líderes de los sindicatos mayoritarios de la Función Pública, Julio Lacuerda (UGT), Enrique Fossoul (CC.OO.), y Domingo Fernández (CSI-CSIF) en un acto que tendrá lugar a las 11.00 horas en el Palacio de la Moncloa y estará seguido de una rueda de prensa.
Según CC.OO., el acuerdo, alcanzado en el Foro del Diálogo Social en las Administraciones Públicas, estará vigente durante los próximos tres años y contempla un incremento salarial del 0,3% que contribuye a la contención del gasto público, pero evita la congelación de los salarios de los empleados públicos con la incorporación de la cláusula de revisión salarial.
También contiene medidas relativas al empleo, desde la flexibilización de la tasa de reposición de efectivos que se pueda establecer en los Presupuestos, excluyendo a servicios de carácter esencial y poniéndola en relación con la reducción de la temporalidad, que se establece en el 8% para el conjunto de las administraciones públicas.
El texto pactado supone igualmente un importante impulso a la modernización de las administraciones públicas, con medidas concretas para el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), y establece la necesidad de adoptar criterios generales de carrera profesional, evaluación al desempeño, estructura retributiva, etcétera.
SE CREA UN OBSERVATORIO.
Asimismo, incorpora la constitución de un Observatorio del Empleo Público participado por las organizaciones sindicales, así como una Comisión de Seguimiento entre cuyas funciones también se incluye la propuesta de determinación de los incrementos salariales para los ejercicios presupuestarios de los años 2011 y 2012 a la Mesa General de las Administraciones Públicas.
Posteriormente a la firma del acuerdo, se dará traslado del mismo a la Mesa General de las Administraciones Públicas para su incorporación a la Ley de Presupuestos Generales del Estado cuyo anteproyecto de ley se presentará al Consejo de Ministros al día siguiente, el sábado 26 de septiembre.
Sin embargo, dicha mesa, en la que también están representados los directores de la Función Pública de las comunidades autónomas, no podrá contar con las comunidades gobernadas por el Partido Popular, que no asistirán a la reunión que tendrá lugar hoy, tal y como dijo hoy el coordinador de Política Autonómica y Local, Juan Manuel Moreno.
EL PP CRITICA LA ACTITUD DESLEAL Y AUTORITARIA DEL GOBIERNO.
Moreno explicó que la asistencia a esta reunión supondría refrendar la actuación «desleal y autoritaria» del Gobierno, al negociar unilateralmente con los sindicatos estos asuntos. «El Gobierno de Zapatero está dando una nueva muestra de descoordinación, de caos y de falta de rigor a la hora de abordar un tema tan importante como la función pública», aseguró Moreno, tras denunciar la falta de talante y de consenso del Ejecutivo.
«El Gobierno de Zapatero se toma a chufla a las CC.AA. y los entes locales. Omite todas las exigencias de lealtad institucional y colaboración interadministrativa y está ignorando la opinión de gobiernos autonómicos y locales democráticamente elegidos», añadió Moreno, quien reprochó al Ejecutivo su «totalitarismo» a la hora de tomar decisiones, así como «la falta de rigor y el caos» que reinan en el Consejo de Ministros.
El coordinador del PP, que a pesar de todo se mostró dispuesto al diálogo, lamentó también el «desprecio» del Gobierno y su «irresponsabilidad política y económica», y recordó que en la reunión preparatoria del 15 de septiembre, las Administraciones territoriales fueron «convidados de piedra», en un encuentro en el que el Gobierno se limitó a hacer una reseña de las materias que se están negociando. «El Gobierno propone, dirige y aprueba y al resto de Administraciones sólo les queda callar y pagar», denunció.
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