Los parados que puedan acogerse a la nueva ayuda temporal de 420 euros mensuales tendrán más dificultades de ocuparse en el futuro, ya que llevarán más de un año en paro y estarán cobrando un subsidio, según la última alerta mensual elaborada por Agett y Ceprede y dedicada a la ocupabilidad de las personas en desempleo.
Agett y Ceprede explican que el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) calcula el grado de ocupabilidad de los parados a partir de la antigüedad en el desempleo (cuanto más antigüedad menos posibilidades de salir), el ámbito geográfico de búsqueda (cuanto más limitado menor probabilidad) y el número de ocupaciones demandadas (también cuanto más limitado menor posibilidad).
Así, el parado que no cumple ningún de estos tres requisitos es el que tiene una ocupabilidad alta, mientras que el que cumple un requisito tiene una ocupabilidad media, el cumple dos una ocupabilidad baja y el que cumple los tres una ocupabilidad muy baja.
Dentro de la ocupabilidad muy baja, existen dos clasificaciones más en función del tipo de prestaciones por desempleo, siendo aún menor la probabilidad de encontrar empleo en los casos de perceptores del subsidio para mayores de 52 años o la renta activa de inserción. De esta forma, se da por hecho que los parados que se sirvan de los 420 lo tendrán más difícil para encontrar trabajo.
La mayor parte de los desempleados en España tiene una ocupabilidad media (el 37,4% del total), aunque un 26,3% tiene un grado de ocupabilidad baja. Aun así, en la actualidad, es muy relevante el amplio crecimiento que han experimentado los parados de alta ocupabilidad, que han crecido un 78,6% en el último año y un 145,9% desde que empezó la crisis económica, por lo que actualmente hay más de 830.000 de estos desempleados que no encuentran trabajo.
Por sexos, el informe de Agett y Ceprede asegura que el 59,8% de los desempleados con un grado muy bajo de ocupabilidad son mujeres, siendo también mayoría para un grado de ocupabilidad bajo (51,04%). Por el contrario, la mayoría de los parados que tienen un grado de ocupabilidad medio o alto son varones (51,1% y 55,3%, respectivamente).
Aún así, para ambos sexos el grupo que más ha aumentado en tasa interanual es el de los parados con muchas posibilidades de encontrar empleo, aunque ha crecido casi el doble en el caso de los hombres (100,8%) que en el de las mujeres (57,2%).
El grupo de edad que presenta una situación más delicada en cuanto a la ocupabilidad es el de parados mayores de 45 años, con una tasa del 34,4% en el caso de los personas con un grado muy bajo, mientras que tan sólo un 9,4% tiene altas posibilidades de emplearse.
LOS JÓVENES, MEJORES PERSPECTIVAS
En cambio, los desempleados menores de 25 años y los de entre 25 y 45 años presentan una estructura similar en cuanto a la distribución de sus integrantes entre los diferentes grados de ocupabilidad, si bien para los más jóvenes el porcentaje de parados con ocupabilidad muy baja es algo menor y el de ocupabilidad media es algo mayor.
Por sectores, sólo el 13,8% de los parados que no tenían un empleo anterior tienen un grado de ocupabilidad alto, mientras que en el sector de los servicios el 24,8% de los parados es altamente ocupable. En la construcción, este porcentaje es de 23%, en la agricultura, del 22,3% y en la industria, del 20,9%.
Los parados sin empleo anterior, además de ser el colectivo con un menor porcentaje de parados con alta ocupabilidad, son también los que tienen una mayor concentración en el grado de ocupabilidad muy baja (18%).
EXTREMADURA Y MURCIA, LAS MÁS COMPLICADAS
Por comunidades autónomas, las que se encuentran en una situación más complicada en ocupabilidad son Extremadura, donde el 47% tiene un grado de ocupabilidad bajo o muy bajo, y Murcia, con un 49,9%. Por el contrario, Navarra presenta el grado de ocupabilidad más alto, con el 43% de los desempleados considerados altamente ocupables, seguida de Madrid (39,4%).
Tras analizar los datos y recordar que un 39,6% de los desempleados son de baja o muy baja ocupabilidad, el informe concluye que se debería permitir la colaboración público-privada de los servicios de empleo para optimizar los recursos públicos, reducir la tasa de paro y armonizar España con el resto de Europa.
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