Según relata el escrito del Fiscal, los acusados, dueños del Club Emperador de Assa-Lanciego (Álava) y Cintandel, de Logroño (La Rioja) encargaron el traslado de las chicas desde Rumanía a través de pasos fronterizos o de caminos no vigilados.
Éstas accedían unas voluntariamente y otras con engaños o promesas. Los acusados, además, dieron dinero a la persona que las trajo para que, si las detenían, dijeran que estaban de vacaciones.
Una vez en Logroño, les obligaron a las chicas a pagar 450 euros por el transporte y, después, una comisión por cada «pase» que hacían, amenazándolas y golpeándolas, si era preciso, para que ejercieran tal función.
El Fiscal añade que los acusados retenían a las chicas contra su voluntad. Los hechos fueron denunciados por dos chicas y sucedieron a lo largo del año 2004.
Todas las chicas que fueron identificadas, apunta, carecían de autorización administrativa, por lo que no tenían ninguna clase de seguridad social y no cumplían jornada laboral, «infringiendo las normas propias no sólo del Estatuto de los Trabajadores o de Prevención de Riesgos Laborales, sino leyes orgánicas y un real decreto legislativo».
Para el Fiscal, los hechos narrados son constitutivos de un delito relativo a la prostitución y otro contra los derechos de los trabajadores; y pide para cada uno de los acusados tres años por cada delito más una multa de 4.320 y otra de 1.920 euros.
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