El presidente de la Asociación de Profesores Estatales de Madrid (ANPE), Fernando Jiménez, ha denunciado que en el último curso la organización ha recibido 2.085 llamadas de quejas de los docentes, de las cuales entre el 9 y el 10 por ciento fueron agresiones físicas, lo que eleva a unos 300 profesores madrileños el número de los sufrieron agresiones físicas».
En una entrevista en Telemadrid, recogida por Europa Press,Jiménez indicó además que de los 2.085 casos, 47% sufren ansiedad, 21% depresión y un 15% tiene baja laboral. «Son datos demasiado escandalosas para que metamos la cabeza debajo del ala», opinó.
Por otra parte, aseguró que las últimas leyes educativas, en especial, la LODE, LOGSE y LOE, «han permitido que un alumnos pueda hacer lo que le dé la gana y quedar totalmente impune y también han propiciado que los conocimientos y el aprendizaje no tuvieran valor».
«Esto lo denuncian todos los organismos internacionales. Que el sistema educativo en España es un fracaso nadie lo duda, como tampoco se duda de que la violencia se haya metido en las aulas», opinó, al tiempo que defendió que «el abuso de autoridad del profesor hay que corregirlo y castigarlo».
Jiménez dio «la bienvenida a la Ley de Autoridad de profesor», y respecto a las voces discrepantes opinó que éstas proceden de «pensar que la autoridad es coger un palo, y esto es una manera torticera de interpretarla».
«La Ley Orgánica del Derecho de la Educación (LODE), de 1985, marcó el inicio de la violencia en las aulas -prosiguió Jiménez-. Es el momento en el que se abre una nueva configuración de los consejos escolares y se articulan derechos y deberes de los alumnos con una descompensación total. El profesor queda entonces desprotegido, lo que ha ido creciendo para degradarse hasta la actualidad».
«El sindicato ANPE ha colaborado activamente en la Ley de Autoridad y hemos tenido mucha arte y parte en este proceso. Hemos hecho lo indecible y hemos trabajado muy intensamente desde 2004 para que se diera esta Ley, que vamos a ver ahora cómo se articula y qué alcance tiene», consideró el representante de los docentes.
De momento, «las agresiones graves que hasta hora se han considerado falta, con esta nueva normativa va ser la fiscalía y los jueces quienes intervengan, con penas que pueden ir desde uno a cuatro años por agresión», añadió.
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