El fraude de los directivos de la Mutua de Canarias supera los 6,8 millones de euros

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, aseguró ayer en Tenerife que la responsabilidad contable de los directivos que fueron suspendidos cautelarmente de sus funciones en la Mutua de Accidentes de Canarias (MAC) –el director gerente, Norberto Cejas, y a la subdirectora, Concepción Hernández– el pasado martes asciende a los 6.813.595 euros. Insistió en que con esta acción se cumplió la ley y en que existen «pruebas contundentes».

Granado durante una rueda de prensa celebrada en el aeropuerto Tenerife Norte recalcó que no existen irregularidades de la mutua, «sino de sus directivos». «No es un problema de la MAC», prosiguió para explicar que en este caso concurren responsabilidades administrativas, penales y contables. Apuntó que a partir de ahora la MAC «funcionará mejor».

Aprovechó para aclarar que «está fuera de lugar» una posible «complicidad» de las administraciones canarias en el presunto fraude y subrayó que se incurriría «en un error» si se da al asunto una naturaleza «política».

En este punto respondió al presidente del Cabildo tinerfeño, Ricardo Melchior (CC), –que ayer le acusó de orquestar una trama para «eliminar» las mutuas pequeñas– diciendo que en este asunto «se ha cumplido la ley» y que «hoy todas las mutuas de ámbito autonómico son más fuertes». «Quien diga lo contrario, miente», zanjó.

«No quiero convertir esta cuestión en un problema político porque no lo es. Los responsables políticos tenemos que aplicar la ley. Hay funcionarios que hacen su trabajo y cumplen con la ley. Presuponer que el interventor de la Seguridad Social, los funcionarios, los fiscales y los jueces están en manos de una actitud concertada para perjudicar a una persona están fuera de lugar», puntualizó.

RESPONSABILIDADES

Granado explicó que los informes han detectado responsabilidades penales, contables –causar perjuicio a la muta y la Seguridad Social– y administrativas. Por ello indicó que se habían trasladado al Poder Judicial, al Tribunal de Cuentas y a la Secretaría de Estado. Evitó pronunciarse sobre las actuaciones de los tribunales. Sólo señaló que no sabe «cuál es el juzgado que lo lleva». «No he hablado con la jueza que dirige el procedimiento», apuntó.

Recordó además que se había solicitado a la MAC la suspensión cautelar de sus dos directivos, pero la Junta no aceptó. El secretario de Estado rechazó las alegaciones emitiendo la suspensión cautelar del martes. «No entraban en nada de lo que describíamos como conductas irregulares», justificó.

Asimismo explicó que a partir de ahora, la MAC deberá sustituir a los dos cesados en un plazo de 15 días y que en 45 días debe formular un plan que «subsane las deficiencias detectadas y elimine las relaciones con las empresas que producían un beneficio antijurídico a los directivos de la mutua». Aquí dijo que es «impensable» que no se cumplan estos plazos y puntualizó que los elegidos para gestionar la mutua deben tener el consenso de toda la comunidad canaria: trabajadores, empresarios y administraciones.

También agradeció el respaldo de los sindicatos Comisiones Obreras y UGT a la suspensión y añadió que durante la jornada de ayer se habían entrevistado con el consejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, José Miguel Ruano, que le transmitió su preocupación.

El secretario de Estado confió en el futuro de la MAC y solicitó tranquilidad a empresarios y trabajadores. «No va a haber problemas, porque es fundamental para el tejido mutual de las islas y para la Seguridad Social».

REFORZAR MUTUAS TERRITORIALES

De igual modo insistió en que su Gobierno ha impulsado el «reforzamiento de mutuas territoriales». Explicó que sí ha habido concentraciones pero se deben a que las de referencia en las autonomías aglutinan a aquellas «con escaso número de trabajadores». «Queremos reforzar mutuas con arraigambre social», dijo al tiempo que aclaró que se busca «más eficiencia» y que colaboren con la Seguridad Social como «gestoras de prestaciones».

Sobre las irregularidades cometidas por los directivos, afirmó que se utilizaban empresas para obtener beneficios antijurídicos. «El único supuesto de sociedades vinculadas que iban en perjuicio de la mutua fue el del caso de la Mutua Universal en Barcelona y se actuó de igual modo», recordó.

También se refirió a que estas empresas vinculadas a los gestores facturaron 1.082.000 euros en 2008. Añadió que se habla de multiplicidad de gastos, actuaciones contra los derechos de los trabajadores, inversiones sin autorización, etc.

Como ejemplo puso que la rehabilitación de la Casa Elder, en Santa Cruz, a pesar de ser un edificio privado de la MAC se realizó con inversión de la Seguridad Social. Granado detalló que felicitó en su día cuando conoció la obra, pero recalcó que nunca se regularizó esta cuestión.