Uno de cada diez profesores de la Comunidad de Madrid es víctima de agresiones físicas y robos en su trabajo, según datos del Observatorio Permanente de Riesgos Psicosociales de UGT, que condenó la agresión de ayer a la directora del colegio Loyola de Palacio, en el Ensanche de Vallecas.
Para FETE-UGT de Madrid, esta agresión es una muestra de los problemas de convivencia en los centros educativos, y un reflejo de lo que sucede en la sociedad madrileña», y, en su opinión, atajar un problema de esta envergadura implica en primer lugar «depurar las responsabilidades de los agresores».
Así, la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT Madrid consideró ayer que la política del Gobierno regional, «cuyos máximos exponentes son la aplicación de un régimen disciplinario a través del Decreto de Convivencia y la actual promesa de dotar a los profesores del carácter de autoridad pública, en sí mismas no tienen utilidad alguna».
Sin embargo, en su opinión, sí serían eficaces, otras medidas como la escolarización equilibrada del alumnado con necesidades de apoyo educativo entre todos los centros financiados con fondos públicos o la ampliación de las plantillas y la red de equipos de orientación, EOEPs, y atención temprana, EATs.
También abogan por la dotación a los centros de profesores de servicios técnicos a la comunidad, sobre todo, en las zonas donde exista una alta tasa de alumnado con riesgo de exclusión social, y por elevar el número de orientadores en las zonas con más de un 10 por ciento de alumnado con necesidades de apoyo hasta una ratio de un orientador por centro.
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