El Pleno del Congreso de los Diputados convalidó hoy, con el único voto en contra de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), el decreto ley que regula las ayudas de 420 euros mensuales a los parados que hayan agotado su prestación por desempleo, y dio luz verde unánime a su tramitación como proyecto legislativo que permitirá ampliar la cobertura de este subsidio hasta el 1 de enero.
El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, defendió que el Gobierno «ha sido sensible» a las reivindicaciones de sindicatos y fuerzas políticas y «ha hecho suyo» el objetivo de extender temporalmente el horizonte de esta prestación en siete meses, desde la fecha inicial del 1 de agosto.
Sin embargo, recibió la crítica unánime de los portavoces de la oposición, que le reprocharon la «improvisación» e «insuficiencia» de la última medida de protección social aprobada por el Ejecutivo socialista, si bien todos ellos, salvo la diputada de UPyD, Rosa Díez, dieron finalmente el ‘sí’ a la medida.
Corbacho defendió que esta norma responde a la voluntad del Gobierno de hacer frente a la vertiente «más dramática» de la crisis y su impacto en el colectivo «más vulnerable» entre las familias desempleadas, un colectivo que aumenta. «Ahora es necesario y urgente aumentar la cobertura extraordinaria de parados», recalcó.
El ministro señaló que estas ayudas de 421,79 de euros mensuales (el 80% del IPREM) durante un máximo de seis meses, para desempleados con rentas inferiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), va «más allá» de la Renta Activa de Inserción de las comunidades autónomas para ayudar de manera urgente a personas «que se enfrentan a un grave riesgo de exclusión social».
Asimismo, reiteró que el programa no se limita a establecer una prestación social económica, sino que contempla garantías para favorecer la inserción laboral, ya que los beneficiarios se comprometen a integrarse en itinerarios laborales gestionados por las comunidades autónomas.
EL PP DICE SÍ AL «CHEQUE-PARADO»
El representante del PP, José Ignacio Echániz, aseguró que el «cheque-parado» de las ayudas es un nuevo «via crucis» en el «círculo vicioso» de las «sangría de medidas inútiles» que ha llevado a cabo hasta ahora el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y aunque afirmó que el PP ha dicho «sí desde el principio a la medida», terminó reprochando al Gobierno que exija ahora la tramitación urgente de la norma. «Es como si un conductos ebrio pidiera a los testigos que compartieran el coste de auxiliar a las víctimas», concluyó.
El portavoz de Trabajo de CiU, Carles Campuzano, insistió en que la medida es una «improvisación» nacida del fracaso del diálogo social que sólo pudo «corregir» la presión de los grupos de la oposición. El parlamentario nacionalista aprovechó su intervención para advertir al Gobierno que se está equivocando con su idea «dogmática» de no abordar la reforma el mercado de trabajo y auguró que cuando finalmente se vea obligado a hacerlo, va a ser «demasiado tarde» para pymes y empresas
PNV: «DESEMPLEO IS ‘MADE IN SPAIN'»
El representante del PNV, Emilio Olabarria, reprochó a Corbacho que no se está mostrando «particularmente clarividente» en materia de políticas de empleo, cuando España va a ser el país que más va a sufrir la destrucción de empleo por la crisis. «El desempleo es ‘made in Spain'», le advirtió. El diputado nacionalista incluso le echó en cara que la negociación definitiva sobre el decreto haya pivotado en la persona de José Antonio Alonso en lugar de la del ministro. «Tal vez el portavoz socialista debería haber defendido el decreto», incidió.
El portavoz de asuntos sociales de ERC, Joan Tardá, arremetió contra a la «improvisación» de una medida deudora de la «política de cheques» del Gobierno, si bien recordó que ERC siempre había planteado la necesidad de regular una medida en la línea de las rentas activas de inserción autonómica, un debate que ha culminado con las ayudas de los 420 euros. «Hay que enderezar el rumbo de la nave y estamos satisfechos de que el Gobierno y el PSOE hayan corregido», resumió.
Más conforme con la medida se mostró el representante de IU, Gaspar Llamazares, que arrancó su discurso denunciando que la «sociedad capitalista es profundamente injusta» y celebró que la medida permita añadir «algo de justicia» y extender su cobertura a la «inmensa mayoría» de los trabajadores sin protección. A su juicio, las ayudas apuntan a un cambio de modelo porque contribuirán a «reactivar la demanda en el sentido keynesano» y, aunque insistió que es «necesaria», finalmente lamentó que «desgraciadamente» la medida sigue siendo «insuficiente»,
UPYD QUIERE «RESOLVER LA CHAPUZA»
La diputada de UPyD, Rosa Díez, fue la única participante en el debate que anunció su voto en contra de las ayudas, que considera «cicateras e injustas», aun con la ampliación de la cobertura al 1 de enero, que a su juicio, no supone «ningún avance» y muestra que la izquierda ha perdido la «ambición social». «Rechazo este nuevo parche socialmente injusto», avanzó, si bien se mostró a favor de la tramitación parlamentaria «para tratar de resolver la chapuza».
En este sentido, UPyD aboga por modificar la norma que regula la Renta Activa de Inserción (RAI), eliminando el requisito de ser mayor de 45 años que figura en la ley para poder percibir esta renta, de forma que todos los parados sin protección y sin ingresos suficientes puedan percibir una ayuda extraordinaria de 420 euros mensuales durante un total de once meses.
UPN LAMENTA EL «COMPLEJO PUZZLE» DE LAS POLÍTICAS DE EMPLEO
También desde el Grupo Mixto, la diputada de Nafarroa Bai, Uxue Barkos, recordó que muchas voces han subrayado la «debilidad» de la medida en su «capacidad estructural» que forzaron a su modificación.
Por último, el representante de UPN, Carlos Salvador, mostró su posición «crítica» pero favorable a la medida, que ha protagonizado un lamentable espectáculo en su desarrollo por la negativa del Gobierno a alcanzar un «pacto global» contra la crisis junto a las comunidades autónomas que resuelva el «complejo puzzle» de las políticas de empleo en España.
EN VIGOR DESDE EL 17 DE AGOSTO.
El Gobierno aprobó estas ayudas el pasado 13 de agosto a instancias de los sindicatos, después de que se constatara la imposibilidad de cerrar un acuerdo con la patronal en el seno del diálogo social, pero limitadas a aquellos desempleados que hubieran perdido su derecho a prestación desde el día uno de ese mismo mes.
La polémica estalló sólo unos días más tarde, el 17 de agosto, cuando la medida entró en vigor y muchos de los desempleados que empezaban a solicitar las ayudas descubrieron que no podían optar a las mismas, por lo que el viernes de esa misma semana, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció que modificaría la medida.
PACTO EN EL CONGRESO.
Se inició entonces una semana y media de negociaciones entre el Ministerio de Trabajo e Inmigración, sindicatos y grupos políticos para ampliar la cobertura de la ayuda, durante la que Corbacho ofreció inicialmente la fecha del 1 de junio a los representantes de los trabajadores.
No obstante, un día después el portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, pactó con ERC, IU, ICV, BNG y Nafarroa Bai que la medida se aplicara con retroactividad desde el 1 de enero, así como que se eliminara la condición de que haya una tasa de paro del 17% para su vigencia.
El acuerdo, al que se sumaron también CiU, PNV, Coalición Canaria y UPN, contempla que el decreto se tramite con proyecto de ley con carácter de urgencia para permitir su aprobación en los primeros días de noviembre, de manera que las personas en esta situación puedan empezar a solicitarlas ese mismo mes.
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