1 de noviembre de 2024
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CSI-F reclama que la Gripe A sea considerada como accidente de trabajo y acusa a la Junta de incumplir la Ley

CSI-F reclama que la Gripe A sea considerada como accidente de trabajo y acusa a la Junta de incumplir la Ley

CSI-F reclamó hoy que la gripe estacional o la gripe A sea considerada como accidente de trabajo en aquellos profesionales que la adquieran al haber tenido contacto con personas que presenten estas enfermedades en el desarrollo de su ejercicio profesional, y que esta protección se extienda en el futuro a cualquier enfermedad contagiosa.

Así lo exigió el presidente provincial del sector de Sanidad en Toledo y secretario regional de Acción Sindical, Jorge Curiel durante la extensa rueda de prensa que ofreció, junto con la responsable del área de Enseñanza, Alicia Moreno, en la que coincidieron en acusar al Gobierno regional, y en concreto al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, de incumplir la Ley de Riesgos Laborales con respecto a la gripe A en el área sanitaria, de la enseñanza y de la administración pública.

«Nos gustaría que nos entregaran los informes que deben de realizarse en los Comités de Prevención que a fecha de hoy no se han reunido», dijo Curiel, que apuntó que el máximo órgano de prevención es el Comité Regional de Salud Laboral «que en la primera convocatoria no incluía la gripe A entre los temas a tratar».

Según el representante de CSIF ambas administraciones están incumpliendo además la protección de los trabajadores, porque en el caso de los sanitarios, ni siquiera están siendo informados, «y la información que les llega es la de los medios de comunicación».

«A los políticos les ha entrado miedo y han actuado de manera precipitada incumpliendo la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y haciendo una gran chapuza, porque las decisiones están siendo políticas y no técnicas», condenó Curiel.

Por último, defendió que el criterio que la autoridad sanitaria está llevando a cabo para vacunar es aleatorio «porque quién determina que un médico tiene más riesgo de contagio que un celador, un conductor de ambulancia, o un profesor».

En términos parecidos se expresó la responsable de Enseñanza que criticó que el pasado 11 de septiembre la Consejería de Educación y Ciencia enviase una carta a todos los directores de los centros educativos de la región con un protocolo de cómo actuar ante la gripe A, de cara a las familias de los escolares y en el centro.

Moreno acusó al SESCAM de incumplir su responsabilidad, delegando en los directores de los centros, y lamentó que además la administración regional no haya dotado a los centros de los medios necesarios para llevar a cabo las tareas de prevención estipuladas.

RECURSOS NECESARIOS

Por todo ello, desde CSIF exigieron el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, con la creación de servicios de prevención, que estén dotados de los recursos materiales necesarios para el correcto uso de sus competencias.

A juicio de CSIF es «urgente» también convocar todos los Comités de Seguridad y Salud de la región para ofrecer información personalizada a los trabajadores, dar formación adaptada a los riesgos de cada uno de los trabajadores, y programar acciones de vigilancia de la salud.

Además es necesario establecer los cauces adecuados para identificar a los trabajadores más sensibles al contagio, e instaurar las medidas preventivas correspondientes.

Reclamaron también medidas para detectar de forma precoz el embarazo de las trabajadoras, y que antes de adoptar cualquier medida se informe a los delegados de prevención de salud laboral en cada centro de trabajo. Piden extender la vacunación; limitar el acceso a los edificios públicas; controlar la temperatura; dotar de pañuelos a los centros de trabajo; de jabón germicida; de mascarillas; de sistemas de ventilación adecuados; y que se desinfecten los lugares de mayor uso.

Por último, desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios advirtieron de que si la Administración no ceja en su modo de actuar, instarán a los trabajadores a que demanden a la Junta de Comunidades por Incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

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