Según informó el Instituto Armado en una nota, todo surgió a raíz de que una patrulla de seguridad ciudadana del puesto de la Rinconada interceptara una furgoneta ocupada por cuatro individuos. En el vehículo los agentes encontraron objetos procedentes del robo en una casa en construcción. Al continuar indagando, comprobaron que la furgoneta había sido adquirida fraudulentamente en un concesionario de Carmona.
Por estos hechos, la Guardia Civil inició un operativo denominado ‘Golem’, gracias al cual los investigadores llegaron a saber que podían haberse producido varias operaciones fraudulentas del mismo tipo. Tras varios meses de investigación y numerosas pesquisas, los agentes averiguaron que se trataba de una organización que había comprado ocho vehículos –turismos y furgonetas– y un ciclomotor.
Para la compra de los vehículos la organización usaba la documentación original sustraída a sus titulares. El resto de documentación necesaria para la financiación de los vehículos, como nóminas, vida laboral, contrato de trabajo o impuestos de bienes inmuebles, eran falsificados.
HASTA 120.000 EUROS
Por estos hechos, se han detenido a A.L.V.N., de 29 años; S.C.V. de 54 años, y J.C.M. de 27 años, todos ellos vecinos de Sevilla y supuestos cabecillas de la organización. Asimismo, se ha detenido a A.S.M., vecino de San Juan de 26 años; R.S.M., vecina de San Juan de 19 años, y M.G.N., de 39 años y vecino de Morón de la Frontera, por un supuesto delito de estafa y falsedad documental.
Asimismo, han sido arrestados R.F.L., vecino de Málaga de 27 años, y R.D.J., de 46 años y vecino de Sevilla, al que se le imputan los supuestos delitos de estafa, falsedad documental y usurpación de identidad. Por su parte, a E.M.E.I., vecino de Sevilla, se le imputan los delitos de estafa, falsedad documental, usurpación del estado civil y apropiación indebida.
Con este servicio, la Guardia Civil ha desmantelado una organización dedicada a la compra de vehículos con documentación tanto sustraída como falsa, que ha causado cuantiosas pérdidas a las empresas perjudicadas. La suma de las compras ascendería a 120.000 euros.
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