El Fiscal Coordinador de Seguridad Vial de la Fiscalía General del Estado, Bartolomé Vargas, ha dado instrucciones a los fiscales para que presten «especial atención» a las empresas que abusen de sus trabajadores en los viajes laborales y con los horarios de conducción y descanso, según comunicó el propio Vargas a la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) durante una reunión celebrada ayer.
Así, en un comunicado, Fenadismer afirma que la nueva estrategia de la Fiscalía en materia de seguridad vial laboral en el sector del transporte por carretera incluye intensificar la vigilancia sobre las empresas que, aprovechando la situación de necesidad de sus trabajadores, obliguen a estos a conducir sin descanso durante más horas de las recomendadas.
Según está previsto en el artículo 311 del Código Penal, que recoge delitos contra algunos derechos de los trabajadores reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual, cometer este tipo de delitos está castigado con penas de seis meses a tres años de prisión y multa de seis a doce meses.
Además, Vargas anunció durante la reunión que a partir de octubre la Policía Judicial actuará penalmente contra las personas o organizaciones que manipulen el tacógrafo que llevan instalados algunos vehículos en el sector del transporte por carretera, en base al artículo 392 del Código Penal que considera la manipulación de ese instrumento un delito de falsedad.
El Presidente de Fenadismer, Julio Villaescusa, manifestó al fiscal durante la reunión su «preocupación» por las consecuencias de la estrategia de la Fiscalía pueda suponer para el sector, «ante la situación económica que atraviesan las empresas, con un tercio de la flota parada, lo que induce a una competencia feroz entre las empresas que pueden inducir a un mayor incumplimiento de la legislación de transporte».
Por ello , Fenadismer pidió a la Fiscalía que se garantice la «seguridad jurídica máxima en la aplicación del Código Penal», que se establezca la responsabilidad a «todos los que intervienen en la cadena de contratación, especialmente a los que inducen a la comisión del presunto delito» y no sólo a la empresa de transporte.
Asimismo, la asociación demandó a la Fiscalía que se obtengan pruebas periciales «suficientes que justifiquen el inicio de actuaciones» y realice, antes de iniciar su nueva estrategia en materia de seguridad vial, una campaña divulgativa con la finalidad de informar a todos los agentes del sector.
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