La CEOE quiere impulsar la contratación a tiempo parcial, potenciar el contrato fijo de carácter discontinuo mediante una regulación «flexible y sencilla» del mismo, e implementar un contrato temporal, de hasta tres años de duración, de un estilo similar «al antiguo» contrato de fomento del empleo.
Éstas son algunas propuestas en materia laboral que la patronal española hace en su Plan de Competitividad Industrial, al que ha tenido acceso Europa Press, y del que ayer informó al ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, con quien esta mañana se ha reunido el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán.
Según la organización empresarial, ese nuevo contrato temporal que plantea dotaría a las empresas de una mayor flexibilidad, al tiempo que daría mayor estabilidad a los trabajadores, pues su duración sería mayor a la de las actuales contratos temporales, estaría ligada a la vida media del producto y más próxima a la de los ciclos económicos.
En cuanto al impulso de la contratación a tiempo parcial, la patronal considera que debería ser una medida a medio o largo plazo para fomentar la creación de empleo y lograr una mejor adaptación de la jornada laboral a las necesidades «cambiantes» de trabajadores y empresas. También en materia de tiempo parcial, la CEOE plantea incrementar las actuales bonificaciones del 30% que tienen estos contratos hasta el 50%.
Asimismo, la patronal propone una utilización «más flexible» del contrato de relevo, permitiendo que se puedan realizar jubilaciones parciales, en las que los contratos de los relevistas se pudieran efectuar en un momento posterior, en un plazo de hasta dos años. En este apartado también demanda flexibilizar el requisito de identidad del puesto de trabajo relevado y del relevista y permitir la acumulación de todo el tiempo de trabajo del relevado en un único periodo.
En lo que respecta a los expedientes de regulación de empleo (ERE), la organización que dirige Díaz Ferrán aboga por suprimir la autorización administrativa, por agilizar el pago de las prestaciones por desempleo de los trabajadores acogidos a los ERE temporales e incrementar hasta el 100% la bonificación de la cotización por contingencias comunes, extendiendo la aplicación de ésta hasta el 31 de diciembre de 2010.
La CEOE se marca además como un objetivo prioritario mejorar, «en cantidad y calidad», la formación de los trabajadores, al tiempo que reitera algunas de las propuestas que ya ha realizado en otras ocasiones (rebaja de cotizaciones empresariales a la Seguridad Social y de los costes de la incapacidad temporal y control del absentismo laboral, entre otras), todo con el fin de favorecer la movilidad, tanto geográfica como funcional y flexibilizar el mercado laboral.
De esta forma, la patronal quiere ayudar a que las empresas se adapten a la demanda, profundizando en «contratos abiertos», que contemplen flexibilidad de horarios, teletrabajo y el uso de las TIC, entre otras cosas.
AMPLIAR LAS DEDUCCIONES FISCALES POR I+D+i.
En materia fiscal, la CEOE reclama que no se supriman las deducciones por inversiones medioambientales, que se amplíen las deducciones en I+D+i, que se reduzca el Impuesto sobre Sociedades y que se elimine el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). La patronal critica además el «cada vez mayor fraccionamiento» del marco fiscal (local, autonómico y estatal) porque introduce dificultades en la gestión y genera costes añadidos e insuficiencias.
En su documento, la organización empresarial defiende la necesidad de contar con una Administración eficaz y para ello apuesta por poner en marcha un plan estratégico destinado a la racionalización y mejora de la competitividad de los servicios públicos.
La patronal pide también medidas de apoyo a la internacionalización de las empresas, mantener la unidad del mercado nacional; eliminar las trabas para la creación de empresas, especialmente las pymes, y adecuar las leyes a la realidad de éstas, creando un sistema normativo fiscal «incentivador de su actividad».
MOROSIDAD Y FINANCIACIÓN.
La patronal considera necesario, como medida a corto plazo para combatir la morosidad, un cambio en la Ley 3/2004 que agilice los «lentos y costosos» trámites actuales en el cobro de impagos y que establezca plazos máximos de pago. Las Administraciones Públicas, indica, deben dar ejemplo e introducir códigos éticos para combatir el «problema endémico» de la morosidad.
La CEOE aboga además por fijar un plazo máximo de sesenta días con carácter general para los compromisos de pago y por impulsar mecanismos que garanticen un equilibrio entre las partes contratantes.
En el capítulo de financiación, considera necesaria una mayor «estabilidad presupuestaria y un marco fiscal adecuado» que favorezcan el ahorro y la inversión. Las Administraciones Públicas, asegura, deben dirigir el gasto hacia iniciativas generadoras de empleo que mejoren la competitividad del sistema.
La patronal propone incentivos fiscales a sectores económicos concretos, facilidades de crédito a las empresas y una diferenciación entre las empresas que, pese a tener dificultades, cumplen sus compromisos y las que no lo hacen. Pide además que se atienda a las empresas que, sin ser consideradas pyme, tienen un tamaño suficiente para disponer de ventaja negociadora.
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