El presidente del PP-A, Javier Arenas, entregó ayer a las asociaciones de autónomos andaluzas el borrador de una proposición de Ley Andaluza del Trabajador Autónomo para su debate y aprobación en el Parlamento andaluz, con el objetivo de regular las políticas de apoyo y fomento del sector en la comunidad autónoma e impulsar su actividad y su consolidación especialmente ante la situación de crisis económica.
En declaraciones a los medios, después de mantener una reunión con los responsables de las principales asociaciones de autónomos en la Comunidad, el presidente del PP-A indicó que esta proposición de Ley supone dar cumplimiento al Artículo 172 del Estatuto de Autonomía de Autonomía y garantizar un «amplísimo» debate sobre los autónomos en la Cámara andaluza.
Asimismo, Arenas insistió en que el objetivo de esta normativa, que según dijo, será la primera que se presente en un Parlamento español, nace con el objetivo de que se realice una política «con mayúsculas» para los autónomos y que la Junta de Andalucía ponga todo su «marco competencial» en ello. «En el último año estas políticas han estado paralizadas por los intercambios competenciales entre unas consejerías y otras», añadió.
El presidente del PP-A aseguró que los principales problemas de este colectivo son el acceso a la financiación y la morosidad en las empresas privadas. Además, exigió a la Junta que ponga fin a las obligaciones pendientes de pago, cifradas en unos 5.700 millones de euros, criticando a su vez que el Gobierno andaluz tenga liquidez para subastar en torno a 6.000 millones de euros y no para pagar a este colectivo, «que se ha reducido en el último año en más de 15.000 trabajadores».
El líder de los ‘populares’ andaluces explicó que entre las iniciativas que recoge la proposición de Ley se encuentran favorecer la incorporación a la actividad autónoma, promoviendo la ampliación de la actual capitalización del desempleo; fomentar la contratación del primer trabajador fijo; facilitar líneas de ayudas que garanticen asistencia técnica así como unos ingresos mínimos durante el primer año de actividad.
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