La Xunta pretende que la planta judicial en Galicia aumente en unas 48 o 50 plazas para magistrados y jueces en los próximos seis años, propuesta que le trasladará al Ministerio de Justicia y que se incluye en las previsiones del Plan de Infraestructuras Xudiciais del Ejecutivo gallego. Asimismo, reclamará a su titular, Francisco Caamaño, «plena competencia» en la gestión del personal administrativo, con el fin de que sea la propia comunidad la que realice las convocatorias.
«La idea es hacer una propuesta de ocho o diez nuevos jueces por año, con lo cual tendríamos, al final de la vigencia del plan –en 2015–, un total de 48 o 50 nuevos jueces y magistrados desarrollando su labor en Galicia», explicó ayer el conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, Alfonso Rueda, en la presentación de esta medida, aprobada el pasado jueves en el Consello de la Xunta.
De esta forma, destacó que la ratio de jueces «experimentaría un alza importante», al pasar de los 11 actuales –que ya superan en un punto la media española– a los 13 por cada cien mil habitantes, próximos a la media de la Unión Europea, algo superior a 14.
A este respecto, la competencia de la Xunta es la de dotación de medios materiales, que asumió en 1995 y atiende a las «necesidades» que plantea ese incremento de jueces que Rueda vio, «desde luego, deseable para contribuir a la agilización y superar el colapso que tiene la Justicia en Galicia».
Así, incidió en el Plan de Infraestructuras Xudiciais, y reiteró que es «la primera vez» que la Xunta hace una previsión a largo plazo –para un periodo de seis años, de 2010 a 2015– y con una inversión «muy cuantiosa y ambiciosa», superior a los 97 millones de euros.
La ejecución del plan se divide en dos fases, una primera para actuaciones «urgentes» de construcción de nuevos edificios judiciales –que concentra la mayor parte de la inversión, en torno a 75 millones– y una segunda dotada de 16 millones para obras de rehabilitación y mejora de instalaciones. Rueda espera que «al final de 2013» la primera esté rematada.
CONSENSO
Por su parte, el director xeral de Xustiza, Juan José Martín, explicó que las actuaciones tienen en cuenta la «valoración de necesidades» que trasladó el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en el «foro» que constituye su comisión mixta con la Xunta.
El presidente del TSXG, Miguel Cadenas, cifró en 40 nuevas plazas el desarrollo de la planta judicial gallega, por lo que la petición del Gobierno gallego aumenta en 10 el número de jueces solicitados. La Xunta hará llegar esta demanda a grupos parlamentarios, colegios de abogados y sindicatos, de forma que puedan «participar» y la propuesta sea «consensuada», apostilló.
OBRAS
Además, en rueda de prensa junto a Rueda, Martín advirtió algunas de las obras «más relevantes», que se realizarán en el primer grupo previsto por el plan de infraestructuras. En A Coruña, se centrarán en la construcción de un nuevo edificio para su partido judicial, que costará a la Xunta unos 15 millones y en la rehabilitación del actual edificio de los juzgados, que supondrá una inversión de unos tres millones.
Por su parte, Pontevedra contará con una nueva sede para los juzgados; mientras que en Vigo se levantará un nuevo edificio para su partido judicial. En las otras dos capitales de provincia –Lugo y Ourense–, se habilitarán espacios para partido judicial y juzgados y se creará un nuevo centro para los juzgados, respectivamente.
Del resto de intervenciones, el director xeral resaltó el acondicionamiento de las instalaciones del partido judicial de Betanzos, la creación de sendos edificios de juzgados en Muros y Padrón –que actualmente se alojan en el ayuntamiento–, así como la construcción de nuevos edificios en Santiago, Ferrol, A Estrada y Tui.
Por otra parte, Martín adelantó que la mesa sectorial de la Administración de Xustiza analizará el caso de cada uno de los funcionarios que desarrolla tareas de refuerzo de personal. Según indicó, del total en Galicia –133–, 79 serán prorrogados y 54 están «a la espera» de que se estudie si son de tipo «estructural o coyuntural».
COLABORACIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS
Todas las nuevas edificaciones tienen como fin «concentrar y reagrupar» los órganos administrativos, aumentar su eficacia e incrementar su agilidad, coincidieron en señalar tanto Rueda como Martín. Como resultado, buscan que Galicia cuente con un «mapa integrado y más equilibrado» de las dependencias judiciales.
En esta línea, el responsable del departamento autonómico comprometió comenzar «inmediatamente» las obras en el momento en que cada corporación local ponga a disposición de la consellería los terrenos para la edificación, para lo que demandó su «colaboración».
Con este fin, los gobiernos locales de Ourense y Santiago ya cedieron los suelos en los que se centralizarán los juzgados de la ciudad, mientras el de A Coruña estudia la cesión de los terrenos del puerto. «Cuando menos se polemice mejor. Queremos hacer los edificios donde sea necesario y creemos que ésa –el antiguo puerto– es la ubicación idónea», sentenció Rueda, preguntado por los periodistas. JUSTICIA SOCIAL E INFORMATIZACIÓN
Por otra parte, Rueda no descartó la posibilidad de que el Gobierno central plantee la supresión de alguno de los partidos judiciales de la Comunidad gallega, que es la que tiene un número más alto dentro del Estado español. «Queremos escuchar la propuesta del ministerio», aseveró y añadió que esperan que las decisiones que se tomen finalmente sean «consensuadas y reflexionadas». «No me atrevo a decir si esto pasa por suprimirlos o por aumentarlos, sino que hace falta pensarlo mucho», zanjó.
Asimismo, señaló las otras dos líneas de actuación de esta iniciativa, que en primer lugar busca «reducir a menos de un mes» el tiempo de espera de los jueces de oficio en el cobro de sus salarios. Este objetivo responde al apartado «fundamental» de la «justicia social», que el titular de Xustiza consideró que «se puede mejorar mucho» en Galicia. En este sentido, censuró que su pago se retrasase una media de «cuatro o cinco meses» el pasado abril.
Un último propósito es la informatización de las instalaciones judiciales, en lo que «todavía hay mucho camino por andar» y para lo que la Xunta destina unos 2,5 millones de euros en un plan que anunció hace un mes y medio. Esta cantidad se dedicará «sólo a incorporar nuevas tecnologías», subrayó.
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