La tasa de actividad de los jóvenes cántabros ha bajado 2,4 puntos en el primer trimestre de 2009 respecto al mismo periodo del año anterior y, a la vez, ha aumentado el desempleo juvenil en un 6 por ciento, en el caso de los hombres jóvenes, y un 9,7 por ciento en el caso de las mujeres menores de treinta años, según los datos del Observatorio Joven de Empleo del Consejo de la Juventud de Cantabria (CJC).
No obstante, el descenso de la tasa de actividad no ha sido generalizado en todos los sectores, ya que ha aumentado entre los jóvenes en el sector industrial, que acumula el 20 por ciento del total de los jóvenes ocupados, según informó el Consejo en un comunicado.
El sector que más jóvenes ocupa en Cantabria es el sector servicios, seguido de la industria y la construcción, cuyo porcentaje de ocupados ha disminuido de un 15,2 por ciento a un 13,7 por ciento.
La contratación temporal experimenta un retroceso «significativo» en la región, ya que ha pasado de un 50,7 por ciento a un 43,1 por ciento de los contratos firmados, disminuyendo con mayor intensidad en el caso de las jóvenes que ha pasado del 54,2 por ciento al 44,4 por ciento, frente a la disminución de los varones menores de treinta años que ha pasado de 47,7 por ciento al 43,1 por ciento.
En cuanto al nivel educativo, destacan las bajas tasas de temporalidad asociadas al sistema de formación profesional de grado superior, sobre todo entre las jóvenes (35 por ciento).
Con respecto a las condiciones de trabajo, el 20,6 por ciento de las jóvenes cántabras poseen una jornada a tiempo parcial frente al 5 por ciento de los jóvenes. Además, los varones son los que realizan mayor número de horas extras (4,5 por ciento frente a un 3 por ciento de las jóvenes).
REIVINDICACIONES
A la luz de estos datos, el Consejo de la Juventud de Cantabria reivindica, entre otras medidas, la puesta en marcha «inmediata» de políticas que incidan de manera «efectiva», fundamentalmente la no discriminación y el derecho de igualdad, así como el fomento de la formación cualificada.
Para ello, exigen un «mayor gasto» en políticas de I+D+i para que la economía española sea cada vez «más productiva y cree empleos más estables y de calidad», frente a un modelo productivo basado en la reducción de costes laborales y salariales.
También solicita superar los déficits de formación y cualificación, mediante un sistema eficaz de formación con los suficientes recursos que permita conectar el mundo laboral con el sistema nacional de cualificaciones.
Y por último, pide un plan de formación y empleo, especialmente adaptado a aquellos colectivos más desfavorecidos, y una mayor coordinación entre los organismos públicos encargados de ofertar la formación a las personas desempleadas, especialmente en el caso de los parados jóvenes de larga duración, procurando adaptar los planes formativos a la cualificación y a las necesidades del mercado.
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