Durante la concentración, la presidenta del Comité de Empresa de Spanair, Eva Marín, recordó que el 24 de julio comenzaron las notificaciones del traslado a Barcelona, por lo que ya se ha abierto un plazo de 30 días para que los afectados se pronuncien sobre si se acogen a esta medida o si rescinden voluntariamente sus contratos.
«¿Cómo pueden afirmar que quieren negociar si ya han empezado a ejecutar el traslado?», se preguntó Marín, quien recordó que ante esta negativa a ampliar el plazo durante seis meses, los sindicatos han decidido convocar una huelga indefinida a partir del 7 de agosto, porque creen que «dentro de nada» estarán en el paro.
Además, criticó que para aquellos trabajadores que puedan trasladarse a Barcelona les espera un futuro «incierto», dado que la compañía «no tiene hoy por hoy un plan de viabilidad, ya no para años venideros, sino para los próximos meses».
Marín pidió a la Dirección General de Trabajo del Ministerio que amplíe el citado plazo, ya que «lo único que quieren los trabajadores de Spanair es que haya un futuro para la aerolínea y que puedan negociarse unas condiciones que sean equitativas para todos, de forma que éstas supongan la supervivencia de la compañía».
La presidenta del Comité de Empresa explicó que ha presentado esta solicitud ante el Ministerio de Trabajo, que ha sido apoyada con otro informe remitido por la Dirección General de Trabajo del Govern, debido a que la dirección de Spanair «sigue su estrategia sin tener en cuenta al colectivo de Servicios Generales, ni a sus representantes».
Criticó que Spanair pretende trasladar a 480 trabajadores de Palma a Barcelona con el mismo sueldo y sin asegurarles el puesto de trabajo en los próximos tres meses y a sabiendas de que el 80 por ciento de la plantilla cobra entre 800 y 1.100 euros.
De este modo, señaló que lo único que les ha ofrecido la empresa para facilitarles el traslado es una noche de hotel para que hagan las gestiones del cambio de domicilio y una inmobiliaria que ayudará a los trabajadores durante agosto a «mover a todas sus familias, vender sus casas y buscar colegio para sus niños en unos colegios en los que ya se ha cerrado el plazo de matriculación».
DESPIDO DEL 80% DE LA PLANTILLA
Por tanto, insistió en que con estas condiciones, el 80 por ciento de los Servicios Generales de Palma «no se puede trasladar a Barcelona» y estimó que lo que quiere la empresa es «quedarse con el 20 por ciento que tiene sueldos considerables (directivos y mandos intermedios) y realizar un despido colectivo sobre el 80 por ciento restante al mínimo coste legal, con 20 días por año trabajado y sin tener que llegar a ningún tipo de acuerdo con los representantes de los trabajadores.
Finalmente, subrayó que lo único que pide el colectivo de Servicios Generales es un «plan de futuro de la compañía y que unan el colectivo de Servicios Generales a un segundo ERE que ya están exponiendo al resto de colectivos».
Cargando ...
Los comentarios están cerrados.