A pesar de que la Junta realizó varios requerimientos para la reapertura real del establecimiento, «no habíamos querido interponer una denuncia ante la esperanza de que el diálogo se iniciara. Sin embargo, la hemos presentado debido a la falta de buena fe por parte de Malysev», expresó Lomeña, quien aclaró que el Código Penal contempla para este delito una pena de entre seis meses y un año de prisión.
El delegado provincial de Empleo describió el plan de viabilidad presentado por el empresario ruso como un plan de despido, con un expediente extintivo que establece que las primeras personas que perderían su empleo serían los integrantes del comité de empresa.
Como el resto de empleados, podrían quedarse sin trabajo, pero serían los últimos tal y como establece la ley», aclaró Lomeña, quien subrayó que los representantes de los trabajadores están dispuestos a negociar un expediente de regulación de empleo suspensivo, que permita ir incorporando empleados al hotel de forma progresiva en función de la actividad del establecimiento. «En ningún momento apoyarán un expediente extintivo», aseveró.
Así, tras la remisión de este plan de viabilidad, que Lomeña calificó de «inasumible», la negociación con los sindicatos «queda rota» al no existir por parte de la propiedad una «negociación de buena fe», algo que también se evidencia en el dinero que Malysev propone para comenzar a abonar las deudas contraídas, tras más de siete meses sin pagar los salarios de los empleados.
«Su compromiso económico de 180.000 euros resulta bastante bajo, no se podría abonar ni la nómina del primer mes», manifestó. Además, Lomeña recriminó que el hotel no esté preparado para su apertura. «Hemos podido constatar que ni siquiera se ha puesto en funcionamiento la luz y hay un corte de suministro de agua previsto». En cuanto a las tres sanciones de 100.000, 90.000 y 3.000 euros interpuestas por el Gobierno regional, Lomeña aclaró que siguen su curso.
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