La Ley de la Función Pública prevé poder aumentar la remuneración de los 17.000 funcionarios de la Comunitat en base a criterios de productividad por el desarrollo de la carrera profesional hasta alcanzar hasta un total de 30 millones de euros, según los cálculos iniciales. Estos criterios se fijan en el borrador del anteproyecto de esta norma, que fue firmado hoy por la consellera de Justicia, Paula Sánchez de León y las organizaciones sindicales. La negociación sobre la profesionalización de la función pública, para cerrar estas cifras, comenzará el 8 de septiembre.
La consellera, en declaraciones a los medios de comunicación, señaló que la ley toma como base un acuerdo alcanzado con «todos» los sindicatos en febrero de 2008, cuando se calculó que el coste de la implantación de la carrera profesional podría suponer entre 10 y 15 millones de euros durante el primer año, una cifra que iría aumentando, «progresivamente», hasta alcanzar un total los 30 millones de euros. No obstante, Sánchez de León matizó que «el compromiso económico que se asumió en aquel momento habrá que ir adaptándolo a la realidad», y a los presupuestos de 2010.
Del mismo modo, hizo hincapié en que «lo importante es la evaluación del desempeño, valorar a los profesionales su trabajo y que, a partir de esa evaluación, se desarrolle su carrera profesional», lo cual «comporta incrementos o decrementos remunerativos». El acuerdo del anteproyecto fue ratificado, tras la celebración de la Mesa General de Función Pública, por representantes de Cemsatse, CCOO-PV, UGT y CSIF, mientras que Intersindical valenciana rechazó el acuerdo.
Sánchez de León explicó que este borrador establece «un nuevo modelo de función pública para los próximos 20 ó 30 años», ya que la última ley «ha estado 24 años vigente y en estos años la sociedad ha evolucionado y tiene que tener reflejo en la ley».
Así, subrayó que el borrador crea «el marco jurídico necesario para crear una administración más profesionalizada», lo que mejorará la función y la carrera de los empleados públicos «tanto en remuneración, como en ascenso profesional». Además, la consellera añadió que es «la primera ley a nivel estatal que contempla la evaluación del desempeño de trabajo de los funcionarios mediante un diseño basado en un sistema de cuerpos y escalas, de forma que un funcionario pueda ascender dentro de su misma categoría».
El texto de la norma también aborda otros aspectos de carácter social, entre los que la consellera citó el empleo para discapacitados, el plan de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, así como diversos mecanismos para ayudar a las mujeres víctimas de los malos tratos, las ofertas de empleo o la composición de los tribunales, entre otros asuntos.
La ley en la que se inspira el actual modelo de función pública data de 1985 y es la primera que se realiza tras la aprobación del Estatuto Básico del Empleado Público, norma estatal básica que recoge los derechos de los funcionarios de cualquier administración. De este modo, la titular de Justicia resaltó que esta ley junto con la de Administración Electrónica, cuyo anteproyecto se prevé elevar al Consell el próximo mes de septiembre, «son los dos pilares básicos sobre los que se tiene que diseñar la administración del siglo XXI».
El borrador de la ley será remitido al Consell para su aprobación que, tras las consultas y dictámenes de los órganos competentes, lo volverá a aprobar como proyecto de Ley, para que sea debatido y votado en las Corts valencianes.
AGRADECIMIENTO AL «ESFUERZO» DEL CONSELL
Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F), en un comunicado, agradeció a los responsables de la Conselleria de Justicia «el esfuerzo político desarrollado en las últimas sesiones que ha permitido acercar posturas y llegar a la firma de este preacuerdo».
Para CSI·F, este borrador supone «la modernización y profesionalización del empleado público ya que esta norma dignificará la imagen del empleado público como servidor del interés general», al tiempo que se «ofrecerá al ciudadano una verdadera imagen del empleado público, como una persona eficaz, comprometida y con una clara vocación de servicio a los intereses generales». El sindicato confió en que la implantación de la carrera profesional sea una realidad el 1 de enero del 2010.
Además, CCOO-PV, en un comunicado, consideró que «aunque el modelo de administración no coincide» con el que propuso inicialmente el sindicato, «la incorporación de numerosas aportaciones sindicales mejora notablemente el borrador inicial». No obstante, exigirán que, en el desarrollo reglamentario de los aspectos diversos derivados de esta norma, «se tengan en cuenta las medidas de fomento y de impulso del valenciano, planteadas por CCOO como alternativa a la no inclusión del requisito del dominio del valenciano, para el acceso a las administraciones».
Finalmente, Intersindical valenciana no firmó el acuerdo al no sentirse «identificados» con la ley y por considerar que «supondrá una mayor inestabilidad en los puestos de trabajo del personal funcionario, con lo cual se configura una administración más sometida al partido político que esté en el poder en cada momento».
Cargando ...
Los comentarios están cerrados.