El sindicato UGT-Galicia señaló ayer la «necesidad» de crear unos «36 órganos judiciales nuevos en Galicia» ante el «notable incremento de procesos» a causa de la crisis económica, pero advirtió de que esta medida «supondría un refuerzo necesario de 350 funcionarios» para atender esta actividad.
En rueda de prensa, el secretario general de Servicio Público de UGT-Galicia, José Manuel Vázquez, confirmó que el presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, informó ayer por carta al sindicato de que «comparte» sus inquietudes y, por ello, discutirán mañana –en Mesa Sectorial– con el titular autonómico de Presidencia, Alfonso Rueda, una propuesta de «reequilibrar» el mapa de la justicia en Galicia.
Asimismo, se dirigieron a las tres fuerzas políticas con representación parlamentaria –PSdeG, BNG y PPdeG– con una «declaración institucional» para intentar conseguir «un compromiso para que no se utilice el sector de la justicia como confrontación política».
Vázquez advirtió de que la demanda y el aumento de casos «es tan importante» que, «cuando se crea un organismo judicial nuevo, casi hay que empezar a crear el siguiente» y alertó de que la crisis «supuso un notable incremento del trabajo» en organismos judiciales que «no tienen su correspondencia» en aumento de plantilla.
Concretamente, el responsable de UGT-Justicia, Manuel González, estimó que, con los órganos judiciales de los que se dispone actualmente en Galicia, «se necesita incrementar la plantilla en un 7 por ciento», es decir, «unos 144 refuerzos» que «no le costarían nada a la Xunta económicamente», ya que –el gasto– «dependería de la Comisión de Transferencia de Madrid».
DÉFICIT EN PLANTILLA
El responsable de justicia de UGT explicó que la «radiografía actual» en este ámbito y la «falta de compromiso y de inversión económica» se refleja en la evolución presupuestaria. Así, entre 2007 y 2008, se incrementó la partida en un 4 por ciento, mientras que en País Vasco el incremento fue de un 15,43 por ciento y en Cataluña del 15,23 por ciento.
En contraste, estimó que el juzgado mercantil incrementó su actividad, en A Coruña, en un 222 por ciento en el primer trimestre de este año –respecto al mismo periodo del año anterior–, mientras que en Ourense este aumento asciende a «un 1.200 por ciento».
Asimismo, achacó el aumento de trabajo en juzgados «al incremento de despidos a causa de la crisis» que provocó, a su vez, «un aumento del 70 por ciento en ejecuciones hipotecarias», ya que los trabajadores que pierden su trabajo «no pueden mantener el pago de su hipoteca».
A su vez denunció el «déficit de plantillas, que están atrasadas 20 años» –unos 2.500 funcionarios en toda Galicia– y que, en lugar de crear una plaza de funcionario por cada fiscal –que es lo que se necesita–, se crea «una de funcionario por cada seis fiscales». Además, lamentó que exista una arquitectura judicial «demasiado dispersa» y que «no responde a criterios de concentración».
Entre otros temas, criticó que la nueva oficina judicial «responda a una estructura del siglo XIX y la «falta de inversión» en nuevas tecnologías, que es «siete veces más baja que en otras Comunidades Autónomas» –el compromiso de la Xunta es de 2.100 millones para el periodo 2009-2010–.
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