Los trabajadores de marcas blancas en el sector alimentario perciben un salario entre un 30% y un 40% de media inferior al de los trabajadores de las marcas de prestigio, por lo que la expansión de estas distribuidoras derivada de la crisis amenaza con un deterioro de las condiciones laborales en el sector.
Este es el escenario que dibuja el estudio de CC.OO. ‘Incidencia de las marcas blancas en las condiciones laborales de la industria alimentaria’, en un contexto en el que el 63% de las empresas alimentarias ha destruido empleo en el último año por incidencia de las marcas blancas, según datos del sindicato.
Así, el informe apunta que «los mejores convenios y condiciones laborales en el sector alimentario coinciden con empresas que tienen marca propia de prestigio y no fabrican para marcas blancas». Además, las marcas propias entrañan un menor riesgo de deslocalización y de pérdida de empleo y contemplan mayores inversiones en I+D+i.
Bajo estas consideraciones, desde CC.OO. se teme que la expansión de las marcas blancas, que se refleja en operaciones empresariales como la venta de algunas de las fábricas de Bimbo, pueda tener repercusiones negativas sobre las condiciones laborales en el sector alimentario.
LA ADMINISTRACIÓN TIENE QUE REACCIONAR.
En este contexto, el secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, demandó al Gobierno que lleve a cabo esfuerzos para evitar la degradación de las condiciones laborales en este sector, de «gran proyección de futuro», y lo sitúe en la base del nuevo modelo productivo.
A su juicio, sería preciso luchar contra la «atomización» del sector, del que dijo además que está «muy acostumbrado a las subvenciones».
Así, Toxo consideró necesario un plan de apoyo fiscal para incentivar las inversiones en I+D+i, un mayor control de las grandes empresas de distribución, alianzas para resolver los problemas de atomización en el sector y una modernización de las relaciones laborales para que las condiciones no sean un elemento de competencia entre las marcas.
El secretario general de CC.OO., mencionó además la necesidad de incluir el régimen especial agrario en el régimen general de la Seguridad Social, pendiente desde el pasado 1 de enero, que, según dijo, aún no ha sido posible por las «fortísimas resistencias» de las patronales agroalimentarias.
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