Corbacho da por «zanjado» el diálogo social y culpa a la CEOE del desacuerdo

El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, anunció ayer que da por «zanjado» el diálogo social con sindicatos y la patronal CEOE, y responsabilizó a esta última de la ruptura. Anunció que el Gobierno impulsará medidas para aprobarlas en el Consejo de Ministros del próximo 13 de agosto. 

   A la hora de repartir culpas, Corbacho cargó contra la CEOE, a la que acusó de haber mantenido unas condiciones «inasumibles» por parte del Gobierno tanto en términos presupuestarios como por la «vulneración» de los derechos de los trabajadores en la que se podía incurrir si se aceptaban algunos de sus planteamientos.

   En cambio, el titular de Trabajo del Gobierno elogió la actitud de los sindicatos durante todos los meses de negociación. «Sin abdicar de sus exigencias, han ejercido una gran responsabilidad y alta moderación», aseguró.

   A partir de ahora, añadió que será el Gobierno el encargado de tomar las medidas que considere oportunas y explicó que trabajarán para poder darlas a conocer y aprobarlas en el próximo Consejo de Ministros del 13 de agosto. «Esperamos contar con el apoyo de amplios sectores de la población», aseveró.

   Aseguró que en las diez reuniones conjuntas mantenidas en los últimos meses –desde que en junio de 2008 se firmó la declaración que dio inicio al proceso de diálogo– el Gobierno mantuvo el esfuerzo para conseguir un acuerdo que permitiera «estar en las mejores condiciones para afrontar la actual situación económica».

   En este sentido, lamentó que el desacuerdo también dificultará «la creación de un clima de confianza de cara a un futuro próximo», algo que es todavía más desfavorable si se tiene en cuenta que la confianza es un factor clave en la crisis actual.

PROPUESTA DE LA CEOE.

   Sobre la propuesta de la CEOE, quiso repasar los cuatro ejes que, según el Ejecutivo, han imposibilitado el acuerdo. Explicó que la flexibilización que proponía la patronal española en el mercado laboral, llevaba a un aumento de la precariedad y que la reducción de cotizaciones de cinco puntos ponían en peligro el sistema de la Seguridad Social.

   En este último punto, mencionó que la rebaja de cuotas que proponía el sector empresarial estaba cuantificada en unos 15.000 millones de euros. Explicó que el presupuesto anual del sistema de Seguridad Social es de más de 100.000 millones, que quedan en 3.000 millones una vez se abonan los más de ocho millones de pensiones.

   Si se aceptaba la propuesta de la CEOE, el ministro apuntó a que hubieran sido necesarios otros 12.000 millones de euros y señaló que para conseguirlos sólo había dos vías: cogerlos del Fondo de Reserva y «agotarlo en tres años» o rebajar las pensiones, algo que subrayó que no era aceptable.

   Asimismo, aseveró que la bajada de impuesto hubiera supuesto «un retroceso» en el actual Estado del Bienestar y criticó la privatización del control sanitario en las bajas laborales.