El responsable de Acción Sindical de la Federación de Industria a nivel estatal, Vicent Rocosa, anunció ayer el desarrollo de una «gran movilización» a nivel nacional por parte de los trabajadores del sector del metal en octubre para protestar por la paralización de los convenios colectivos y con el objetivo de que la patronal «reaccione y entienda de una vez la situación».
En rueda de prensa, Rocosa indicó que el calendario de movilizaciones se fijará en septiembre, tras la celebración de asambleas provinciales y nacional, y criticó el «bloqueo» de más de una veintena de convenios del sector en España, ante los que no hay perspectivas de acuerdo «a corto plazo», por parte de los empresarios que plantean «de forma oportunista la reducción de los derechos de los trabajadores sin justificación».
«La salida de la crisis tiene que significar que ganemos todos y no sólo unos pocos, mientras otros reducen sus derechos», recalcó el dirigente sindical», quien advirtió de que la petición del sindicato pasa por un incremento salarial del dos por ciento, entre 15 y 20 euros mensuales por trabajador, para mantener el poder adquisitivo, sin el que «se retardará la reactivación del consumo y, por tanto, la salida de la crisis».
Por su parte, el secretario general de la Federación de Industria de CCOO-A, Enrique Jiménez, lamentó que los empresarios exigieran a los sindicatos «moderación cuando tenían los beneficios abultados ante la creación de empleo y ahora no asuman ellos su responsabilidad», mientras se destruye empleo «porque no era de calidad.
«Existe una mala fe por parte de la patronal que bloquea sistemáticamente todas las mesas de negociación», aseguró Jiménez, que insistió en que no se puede pactar «poniendo en riesgo el empleo», pero que las negociaciones pueden «seguir avanzando» en otros temas, como igualdad o prevención de riesgos.
En la misma línea, se mostró el responsable de Acción Sindical de la Federación de Industria de CCOO-A, Jorge Carmona, quien subrayó la necesidad de emprender movilizaciones conjuntas para que «se vea que la situación de cada provincia no es ajena a la de otras regiones».
En este sentido, mencionó los «retrasos» de las mesas negociadoras y la «lentitud» del proceso negociador en los convenios sectoriales provinciales de las industrias siderometalúrgicas en Sevilla, de reparación de vehículos en Málaga y Huelva, o de distribución eléctrica en Córdoba; además del convenio siderometalúrgico de Granada que se encuentra en «un proceso judicializado ante el Tribunal Superior de Justicia».
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