El Gobierno central y la Generalitat cerraron este martes el traspaso a Cataluña del servicio ferroviario de Cercanías en el área Metropolitana de Barcelona, que se hará efectivo en enero de 2010, y el de la Inspección de Trabajo, que pasará a ser competencia del Govern a partir del 1 de marzo del próximo año.
Así lo acordaron el vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves; el conseller de Política Territorial y Obras Públicas, Joaquim Nadal, y la consellera de Trabajo, Mar Serna, tras la reunión de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat, mantenida en Madrid.
Del encuentro tuvo que ausentarse el conseller de Interior, Relaciones Institucionales y Participación, Joan Saura, para acudir a la zona del incendio originado ayer en Tarragona.
Para Chaves, con estos acuerdos se da un «notable impulso» al desarrollo del Estatut, y un «robustecimiento» del autogobierno de Catalunya que servirá para que «los ciudadanos reciban servicios públicos más efectivos».
Asimismo, el titular de Política Territorial destacó que los resultados de esta comisión son «fruto de un largo proceso de diálogo», presidido por la «lealtad» entre ambos gobiernos, y el «compromiso» con el desarrollo del Estatut de Cataluña.
Para Nadal, el traspaso del servicio de Cercanías es una «transferencia muy compleja», por lo que el trabajo que queda por delante es «enorme» y se intentará que a partir de enero de 2010, «los usuarios perciban que se ha producido la transferencia y que hay voluntad de mejora constante». En concreto, las competencias que se materializarán serán las de regulación, planificación, gestión, coordinación e inspección de los servicios y actividades, además de la potestad tarifaria.
Además, está previsto que Renfe y la Generalitat firmen un convenio para establecer y concretar la gestión y dirección de la competencia que se traspasa. Asimismo, el ministerio de Fomento, Renfe y la Generalitat crearán una comisión mixta para desarrollar los aspectos del traspaso.
INSPECCIÓN DE TRABAJO
Por otra parte, Serna mostró «alegría y satisfacción» por el acuerdo logrado, ya que el traspaso de la Inspección de Trabajo ha sido un «proceso complejo» que «abre camino» para otras regiones con previsiones estatutarias parecidas a las de Cataluña.
Así indicó que se han conseguido «establecer las bases de un acuerdo importante», y que se creará un consorcio AGE-Generalitat de Cataluña, paritario y presidido por la Generalitat, para la prestación coordinada del servicio público de la inspección.
En concreto, se ha acordado la determinación de personas de traspaso a Cataluña, de 126 puestos de trabajo de inspectores, 59 puestos de subinspectores, y 99 puestos de funcionarios y de personal laboral de apoyo.
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