El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, aseguró este martes en Lugo que resulta «inasumible» el recorte de cinco puntos en las cotizaciones que pretende la patronal, ya que se dejarían de ingresar 18.000 millones de euros que llevarían «al déficit a la seguridad social» y tener que rebajar las pensiones el año que viene.
Corbacho acudió a Lugo para inaugurar la nueva sede conjunta del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y de la Tesorería General (TGSS), tras realizar una visita al Ayuntamiento lucense.
En declaraciones a los medios de comunicación, se mostró concluyente sobre la petición de los empresarios: «Cinco puntos es inasumible y pido que no sigan pidiéndolo. Son 18.000 millones de euros y eso llevaría al déficit a la Seguridad Social y llevaría a algo que el Gobierno no hará nunca: que el año que viene habría que bajar las pensiones y no lo vamos a hacer».
«No se puede atender –concretó– no porque no exista voluntad por parte del Gobierno, ya que nosotros hemos puesto unas propuestas que garantizan la sostenibilidad del sistema, que no ponen en riesgo al sistema y que pueden ayudar a aligerar los costes financieros de las empresas».
Además, aclaró que existe predisposición por parte del Gobierno, –de momento explicitada con un 1,5% de rebaja en las cotizaciones–, para ver «si se puede ajustar algo más».
ACUERDO TRIPARTITO
El ministro reconoció que las negociaciones son «complejas y difíciles», pero apeló a la «buena voluntad» de los agentes sociales y empresarios para otorgar una margen de confianza para la reunión que tendrá lugar mañana y en la que, según sostuvo, «no sería descartable» que se acaben acercando todas las posiciones para llegar a un acuerdo.
Expresó el deseo del Gobierno de llegar a un acuerdo tripartito en el diálogo social «para avanzar todos juntos en la dirección de salir de la crisis económica con más fortaleza y lo antes posible».
En este sentido, puso especial énfasis en asegurar que el Gobierno «nunca» pondrá en riesgo el futuro de «ocho millones de personas». «Por lo tanto, cualquier medida que se proponga como reivindicación y que ponga en riesgo la sostenibilidad de las pensiones, la respuesta será no», concluyó.
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