El grupo ‘Inmigración y Sistema Penal’, integrado por profesores de universidad, jueces, fiscales y abogados alertó hoy de que el Proyecto de Ley de Extranjería contiene medidas contrarias a la normativa europea. Así, ha enviado a todos los miembros de la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso un informe jurídico que manifiesta que la posibilidad de prolongar el plazo de internamiento cuando el extranjero interpone un ‘habeas corpus’ o pide asilo es «jurídicamente inviable por ir más allá de lo permitido por la directiva de retorno (conocida como ‘Directiva de la vergüenza’)», indica.
El texto, además, asegura que la ampliación del internamiento a sesenta días, que recoge el proyecto, es una medida «innecesaria, económicamente muy cara» y que, a su juicio, tendría que acometerse en detrimento de otras partidas más necesarias, empeoraría la «deplorable» situación de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y potenciaría la utilización del internamiento no como una medida cautelar, sino como una sanción encubierta.
En este sentido, apunta que la Directiva de retorno «obliga» a la ampliación del plazo de internamiento y además, «no resulta previsible» que dicha prolongación suponga un incremento del número de expulsiones. «Se trata de una medida que carece de oportunidad política, que contradice las promesas realizadas por el presidente del Gobierno y que desoye las recomendaciones contenidas en los informes emitidos sobre el Anteproyecto de Reforma de Ley. Por tanto, no debe prosperar», añade.
Por otro lado, explica que el Proyecto «deja sin resolver» la determinación del juez competente en materia de internamiento, «una cuestión crucial» que en su opinión es «fundamental» de cara a asegurar una garantía judicial del internamiento.
Igualmente, aboga por mejorar la redacción de los aspectos que han de ser valorados en el auto de internamiento y se propone que el juez, previa audiencia del interesado y del Ministerio Fiscal, dicte un auto motivado autorizando o denegando el internamiento de acuerdo con el principio de proporcionalidad, la naturaleza cautelar y el carácter excepcional de la medida.
«El juez ponderará el riesgo de fuga y demás posibilidades de elusión de la expulsión junto con las posibilidades de que el expediente concluya con la sanción de expulsión y de que ésta se ejecute», completa el informe, al tiempo que incide en la conveniencia de que el artículo 61 del proyecto, que hace referencia a las medidas cautelares, no se configure como una lista cerrada.
GARANTÍA DE DERECHOS
Asimismo, de cara a garantizar los derechos de los extranjeros internados, indica que es necesario incluir la previsión de que todo interno tendrá derecho a formular verbalmente o por escrito quejas y recursos en relación con el funcionamiento y régimen del centro, pidiendo formularios directamente ante el juez de instrucción competente.
«Resultaría conveniente que la Ley no sólo contemplara el derecho de los internos para comunicar con las instituciones y asociaciones dedicadas a la ayuda de los extranjeros, sino que también recogiera que la administración facilitara su colaboración», concluye el informe.
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