La diputada del BNG Tareixa Paz denunció hoy la escasa oferta de plazas y, por ello, reclamó a la Xunta que negocie con el Gobierno central para que las labores contra incendios forestales sean incluidas en el catálogo de trabajos comunitarios derivados de sentencias judiciales.
Para la nacionalista, la falta de plazas para estos trabajos comunitarios «dificulta seriamente» la ejecución de estas penas y provoca «cierta inhibición» de los juzgados a la hora de imponerlas.
Por ello, la diputada presentó una proposición no de ley en la que demanda a la Administración gallega que firme un convenio con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias para que los condenados puedan realizar estos trabajos comunitarios en la Consellería de Medio Rural, a través de labores preventivas contra incendios forestales.
Precisamente, Paz recordó que una iniciativa parlamentaria del BNG en 2006 tuvo como resultado que la Consellería de Medio Ambiente comenzó a contratar reclusos para realizar labores de prevención y defensa contra incendios forestales, a través de un convenio firmado con las instituciones penitenciarias.
De hecho, la formación frentista considera el programa «altamente positivo» y que debe servir como «experiencia previa» para que la colaboración entre administraciones se extienda a otros ámbitos, con el fin de lograr la «reeducación y reinserción social» de los reclusos.
RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN
Tareixa Paz incidió en que poner solución a la falta de plazas de labores comunitarias y llevar adelante el convenio es «responsabilidad de las administraciones públicas», que «deben crear plazas» y contribuir así a la «reeducación y reinserción social» de los penados.
En este sentido, recordó que el anterior Gobierno bipartito, a través de la Consellería de Medio Rural, «ya estaba trabajando» en un nuevo convenio con las instituciones penitenciarias que estableciese el marco de colaboración «en un nuevo ámbito».
Este proyecto permitía ejecutar sentencias judiciales –«siempre con el consentimiento del penado»– en las que la pena impuesta fuera de servicio social –una actividad «no retribuida» y que no «implicaba una relación laboral con la Xunta»–.
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