El secretario regional de la Federación de Servicios de UGT, Jesús Martín, y la secretaria general del sector en Castilla y León, Irene Fernández, pidieron ayer «unidad de acción» para tratar de afrontar la crisis laboral en la empresa Qualytel que, desde junio de 2008, está suponiendo «una sangría de 700 despidos y puede seguir».
Jesús Martín confesó sentir envidia ante la reacción institucional respecto a otros conflictos laborales e hizo un llamamiento a la Junta de Castilla y León, al Ayuntamiento de Salamanca, a la Diputación y a los diversos colectivos empresariales para «ser una piña» porque «si esto sigue así, rara va a ser la familia salmantina que no se vea afectada, puesto que Qualytel es la empresa privada con mayor nivel de contratación en Salamanca».
Por su parte, la secretaria de la sección sindical de UGT en la empresa Qualytel, Raquel Hernández, planteó la suspensión temporal de los contratos de los 153 trabajadores Qualytel por espacio de seis meses, a diferencia de CCOO que plantea la extinción de los contratos.
Además, solicitó que en este tiempo a los trabajadores afectados se les abone la totalidad del salario y, una vez transcurrido el medio año, se les reintegre en la empresa, «dado que las previsiones del sector son de crecimiento».
Hernández insistió en que UGT «no acepta» el principio de acuerdo entre CCOO y la empresa «porque hay alternativas» y aseguró que la otra central sindical, «que no cuenta con otros sindicatos, ha pactado una destrucción de empleo con la que los trabajadores no están de acuerdo».
Por ese motivo, representantes de UGT se reunirán el próximo lunes, 20 de julio, con los empleados, a pesar de que ese día se puede certificar de forma definitiva la extinción de sus contratos al tener CCOO mayoría en el comité de empresa. Aunque ese acuerdo se alcanzase, desde UGT insisten en que no está dicha la última palabra ya que «no se respetarían las normas».
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