Anged lamenta que el Gobierno haya perdido la oportunidad de impulsar inversión y empleo en el sector

La Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) lamentó ayer que, con el proyecto de reforma de la Ley de Comercio Minorista, el Gobierno haya «perdido una oportunidad única» para introducir una reforma «estructural» en el sector que permita mejorar la eficiencia e impulsar la inversión y la creación de empleo.

«El Gobierno debería haber aprovechado la ocasión que brinda la transposición de la Directiva de Servicios al ordenamiento español para perfilar un marco legal más competitivo, en beneficio, sobre todo, de los consumidores, y dejando de lado viejos impulsos proteccionistas», defendió la patronal de grandes superficies en un comunicado.

Anged, que representa a El Corte Inglés, Carrefour, IKEA, Alcampo, Toys R’Us, Eroski, Cortefiel y Media Markt, entre otras empresas, entiende que «no existe justificación alguna» para tramitar de forma independiente este proyecto de ley y considera que las modificaciones pertinentes deberían haber sido incluidas en el anteproyecto de ‘Ley Omnibus’, como se ha hecho con el resto de sectores económicos.

«La supuesta excepcionalidad de la distribución comercial supone un agravio comparativo respecto al resto de sectores, perpetuando el marcado carácter intervencionista que pesa sobre ella», advirtió.

En opinión de esta patronal, el proyecto de ‘Ley Paraguas’, en tramitación parlamentaria, ya recoge «adecuadamente» el principio de libertad de establecimiento, la instalación y los procedimientos de autorización, lo que que hace «innecesaria su reiteración» en la modificación de la Ley de Comercio.

La redacción de esta reforma, según agregó, «no se ajusta estrictamente a la literalidad de la Ley Paraguas, lo que genera inseguridad jurídica para los prestadores de servicios».

LICENCIAS ESPECIFICAS.

Anged remarcó que su propuesta es «coherente» con el último informe de la Comisión Nacional de la Competencia, que indica que «debe derogarse la obligación de obtener una licencia comercial específica para la implantación, modificación o transmisión de un gran establecimiento comercial».

«Ello no supone ninguna reducción o limitación competencial hacia las comunidades autónomas, ya que, mediante la tramitación de la licencia ordinaria (urbanística) se podrían atender aquellas razones imperiosas de interés general que modulen la libertad de empresa», explicó.