La prestación por cese de actividad para los autónomos conllevará un gasto adicional inferior al 3% de la base de cotización, lo que supondrá menos de 30 euros al mes de media.
Así lo anunció hoy el director general de Economía Social, Trabajo Autónomo y Responsabilidad Social de las Empresas del Ministerio de Trabajo e Inmigración, Juan José Barrera, quien subrayó que la propuesta del Gobierno para la creación de esta prestación es que la cotización sea inferior al 3%, pero no puntualizó cuál es exactamente la cifra que baraja el Ejecutivo.
Trabajo pidió a un grupo de expertos un informe sobre este modelo de prestación en el que se situaba la cotización en el 3,15%, una cifra superior a la que propondrá el Ejecutivo.
Además, Barrera apuntó que el Ministerio aboga por que en el primer año de existencia de la prestación las cotizaciones sean aún menores, dado que en ese primer ejercicio todavía no se reconocerá ningún pago.
Teniendo en cuenta que la base de cotización media en la actualidad se sitúa en 974 euros, el coste adicional de la prestación sería inferior a los 30 euros para la mayoría de los contribuyentes.
Asimismo, la propuesta del Gobierno, en línea con la de los expertos, es que cada seis meses de cotización den derecho a un mes de cobro de la prestación, con un mínimo de un año cotizado.
Además, el máximo periodo de percepción de este seguro por cese de actividad será de seis meses.
Los cálculos del Ejecutivo son que la prestación podría entrar en vigor, «si todo va fenomenal», a principios de 2010, por lo que los primeros pagos se podrían realizar en el año 2011.
682 EUROS DE MEDIA
La cuantía de la prestación será de un 70% de la base de cotización, es decir, que en la actualidad la media sería de 682 euros. Del mismo modo que con el paro de los asalariados, este seguro tendrá una cuantía máxima del 175% del Iprem, que será del 200% para aquellos con un hijo a cargo y del 225% para los que tengan más de un descendiente.
El Ministerio también propondrá a las organizaciones representativas del sector y a los interlocutores sociales incrementar en un mes la duración de la prestación para los mayores de 60 años.
La cotización por este seguro de cese de actividad estará totalmente ligada a las de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, de forma que no se podrá cotizar por una de ellas y no por la otra.
De esta forma, la propuesta del Gobierno es que la cotización sea en su mayor parte voluntaria y sólo será obligatoria para aquellos sectores que se consideren con mayor riesgo y para los autónomos económicamente dependientes.
No obstante, el porcentaje de la cotización será el mismo para todos los sectores, al contrario de lo que ocurre en el caso de los accidentes de trabajo, donde la cuantía varía en función del tipo de empleo.
Ahora mismo hay 363.365 cotizantes por accidente de trabajo y enfermedad profesional, a los que se sumarían los 3.240 emprendedores que ya están dados de alta como económicamente dependientes.
Además, el diálogo social está trabajando en la clasificación de los sectores que se consideran más peligrosos y que deberán cotizar de forma obligatoria por desempleo y por accidentes.
ASOCIACIONES REPRESENTATIVAS
En la negociación del desarrollo del Estatuto del Trabajo Autónomo el Ejecutivo está elaborando un real decreto que fijará los criterios para establecer cuáles son las asociaciones representativas del sector.
Para designar a estas organizaciones, que formarán parte del Consejo Estatal del Trabajo Autónomo, se tendrán en cuenta criterios de afiliación y de presencia en todo el territorio estatal (al menos en 14 comunidades y 35 privincias).
Esta representatividad se medirá cada cuatro años y el Ejecutivo espera que finalmente se consideren como más representativas entre tres y cinco asociaciones, entre las que seguro estarán ATA, UPTA y CEAT.
El Consejo Estatal del Trabajo Autónomo estará formado por las organizaciones de autónomos, de empresarios, sindicales y de las administraciones públicas.
En la propuesta de los expertos cada grupo tendría ocho representantes, aunque, tras las quejas de las organizaciones de autónomos, el Gobierno estudia aumentar el peso de estas asociaciones.
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