El secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, advirtió hoy a la CEOE de que si mantiene sus demandas «maximalistas» en la mesa de diálogo social y no cambia su postura, el acuerdo será «prácticamente imposible».
Ferrer, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, reconoció que el diálogo social se halla en «extrema dificultad» por la decisión de los empresarios de «recuperar» en la mesa de negociación posiciones «maximalistas e inasumibles» para los trabajadores.
Se refería así a las demandas de la CEOE de abaratar el despido mediante la creación de un contrato nuevo (ahora presentando bajo la denominación «contrato del siglo XXI» y antes conocido como «contrato de crisis»), de suprimir la tutela judicial efectiva y de rebajar cinco puntos las cotizaciones sociales, algo que, según Ferrer, no podría soportar el sistema de la Seguridad Social, «que se pondría en grave riesgo», y que contribuiría «a descapitalizar en cinco años el Fondo de Reserva».
«La patronal debe abandonar estos postulados, que son inasumibles y que ya rechazamos la semana pasada. Si mantiene esos intentos de abaratar el despido y descausalizar la contratación, hará prácticamente imposible el acuerdo», subrayó Ferrer, que añadió que si el consenso no es posible «cada uno tendrá que asumir sus responsabilidades».
Pese a las dificultades y el fracaso de la reunión que celebraron Gobierno, empresarios y sindicatos el pasado jueves, la mesa de diálogo social seguirá manteniendo encuentros. Entre hoy y el miércoles, se celebrarán reuniones bipartitas (Gobierno-empresarios, Gobierno sindicatos), mientras que el próximo jueves habrá una nueva sesión, esta vez de carácter tripartito.
Preguntado por si los sindicatos estarían dispuestos a hacer reformas laborales como piden el Banco Central Europeo y el Banco de España, Ferrer señaló que lo que deberían hacer estas instituciones es buscar soluciones dentro del sector financiero y no dentro del mercado de trabajo, pues el origen de la crisis es financiero y no laboral.
«La situación es claramente injusta. Una crisis que no tiene causas laborales aunque sí efectos muy negativos en el empleo, se pretende por parte de los empresarios, por sectores políticos y de la opinión que la paguen los trabajadores, recortando derechos y reduciendo la protección social, de manera que las empresas españolas, en vez de competir en base a innovación y formación, lo hagan simplemente en base a reducir costes laborales a costa de los trabajadores», criticó.
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