La Asociación de Centros Especiales de Empleo de la Comunidad Andaluza, Aceca, advirtió ayer del progresivo cierre de empresas integradas en la entidad, que se dedica a la promoción del empleo de personas con discapacidad, por las dificultades económicas derivadas de la crisis, frente a lo cual pidieron a la Junta de Andalucía la puesta en marcha de una batería de medidas, entre ellas, la agilización en la resolución y pago de las subvenciones convocadas.
La presidente de Aceca, María del Mar Martín, indicó a Europa Press, que en el último año han cerrado al menos cinco empresas de las 125 que engloba la asociación y que dan trabajo a más de 2.000 personas en la comunidad, lo que ha supuesto una «importante pérdida de empleo en el seno de un colectivo que cuenta con el agravante de que se trata de personas con algún tipo de discapacidad que no pueden acceder en igualdad de condiciones al mercado laboral».
Según Martín, los centros especiales de empleo de Andalucía están haciendo un «gran esfuerzo» para poder sobrevivir a la crisis y evitar que se produzca un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), algo que están sorteando con «mayor dificultad» que el resto de las empresas de la región, ya que se trata de negocios «protegidos y más débiles».
«Estos centros emplean a personas con grandes dificultades de inserción laboral, que no pueden acogerse a cualquier puesto de trabajo aunque no sea de su especialidad o profesión, porque, primero, por su discapacidad hay cosas que no pueden hacer y, segundo, la mayoría cuentan únicamente con la formación que han adquirido en el centro especial de empleo para un puesto de trabajo determinado», explicó.
A ello, se suman, tal y como apuntó, que la resolución y el pago de las subvenciones convocadas por la Junta de Andalucía se están efectuando con «grandes retrasos». De hecho, afirmó, en muchas provincias «a estas alturas ni siquiera se han notificado las resoluciones, algo que debería de haberse producido en el mes de marzo».
Así, señaló que, aunque la notificación de las resoluciones no implica el cobro de las mismas –que se produce en un 75 por ciento al tercer o cuarto mes y el 25 por ciento restante al cierre del ejercicio– si «dan seguridad a las empresas y facilidades para obtener un crédito bancario», algo que «sin este aval resulta imposible en estos momentos».
«La incertidumbre sobre cuándo podremos cobrar las subvenciones preocupa en gran medida a los empresas, porque tememos que se abonen a final de año», indicó, añadiendo que las informaciones sobre la tramitación de las mismas son «sesgadas y se contradicen, ya que, mientras las Delegaciones Provinciales alegan problemas económicos la Consejería de Empleo asegura que se trata de simples problemas técnicos».
Martín recordó que los centros especiales de empleo disponen de «escasos o ningún recurso», al depender, en su mayoría, de entidades sociales y tampoco pueden pedir créditos bancarios porque «tienen grandes dificultades para contar con un aval».
CREACIÓN DE UN FONDO EXTRAORDINARIO REGIONAL
Por ello, solicitó la agilización de los trámites para la resolución y pago de las subvenciones, medida, que «aunque no es la solución para dinamizar el empleo en estas empresas, si se hace fundamental en la coyuntura de crisis económica actual».
Asimismo, solicitó a la Junta de Andalucía la creación de un fondo extraordinario para la reactivación del empleo, a semejanza del conformado a nivel nacional; elevar la ayuda para el mantenimiento de puestos de trabajo del 50 por ciento del Salario Mínimo; y subir también la ayuda por creación de nuevo puesto de trabajo para persona con discapacidad, congelada desde el año 1985, en 12.000 euros, entre otras medidas.
Los Centros Especiales de Empleo son empresas que participan en el mercado pero que tienen la característica de contar en su plantilla con al menos un 70 por ciento de trabajadores con discapacidad. Según datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración, en España hay 1.897 Centros Especiales de Empleo que dan trabajo a casi 54.200 personas con discapacidad.
A nivel nacional, el 60 por ciento de estos centros redujeron su facturación durante el primer trimestre de 2009 en más de un 20 por ciento y el riesgo de destrucción de empleo afecta al 50 por ciento.
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