Mil personas desempleadas de la provincia de Zaragoza se beneficiarán desde el próximo 1 de septiembre del Plan Especial de Empleo diseñado por la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) para paliar la situación de crisis especialmente en el caso de personas en riesgo de exclusión, sin empleo, subsidios ni ingresos.
En esta provincia, a 31 de mayo de 2009, había 16.884 parados y en torno a un diez por ciento de ellos se encuentran en riesgo de exclusión social. Por ello, «que mil personas se puedan beneficiar de este plan, nos parece relevante».
Así lo aseguró hoy el presidente de la DPZ, Javier Lambán, en rueda de prensa, tras firmar un acuerdo de colaboración con las centrales sindicales UGT y CC.OO. de Aragón, que se suman a la puesta en marcha de este plan especial de empleo, que está dotado de un presupuesto total de 11.428.571 euros, de los que 8 millones estarán financiados directamente por la institución provincial y 3.428.571 euros –un 30 por ciento– por los ayuntamientos.
Esta iniciativa responde a la «necesidad» de hacer frente a la crisis económica desde el ámbito local, recordó Lambán, con medidas «de choque» y también de largo alcance, que terminen en la adopción de un nuevo modelo productivo.
En este caso, el Plan Especial de Empleo se ha formulado como una medida «de choque», para crear «empleo social» que atienda a las personas que están siendo «más castigadas por la crisis», que se encuentran «sin empleo, sin subsidios y sin poder recurrir a ingresos familiares».
Los puestos de trabajo que se crearán tienen una vocación «provisional», porque son producto «de una medida urgente y transitoria» y, por tanto, «esperamos que las personas que se acojan a esta medida, la abandonen pronto», ya que significaría que han encontrado un trabajo más estable, indicó Lambán.
En este mismo sentido, insistió en que «no se trata de crear empleo fijo, ni de dar una solución permanente, sino de hacer frente a una situación de crisis económica con un efecto devastador» sobre el empleo.
Se crearán mil puestos de trabajo en la provincia, atendiendo a aquellas zonas no con mayor población sino con un mayor número de parados. A priori, estas zonas se corresponden con las áreas de Tarazona, Calatayud y Ejea de los Caballeros, aunque se podrán beneficiar de este programa «todos los ayuntamientos de la provincia», pero las estimaciones oficiales apuntan que se beneficiarán del mismo hasta 260 ayuntamientos.
La retribución de los trabajadores será de 728 euros brutos mensuales y su jornada laboral será de cinco horas y media al día –27,5 horas semanales–. La vigencia del contrato se inicia el 1 de septiembre de 2009 y finalizará el 31 de diciembre de 2010. En caso de que las condiciones económicas desfavorables persistan, esta medida se prorrogará un año más.
El presidente de la DPZ aclaró que la intención de la institución provincial era poner en marcha esta medida antes del verano «pero a veces los buenos propósitos se ven parcialmente frenados por las dificultades y aquí la ausencia absoluta de precedentes» ha retrasado el inicio del plan.
NO ABARATAR COSTES DE SUSTITUCIONES
La contratación debe efectuarse para el desarrollo de las tareas no estructurales de los ayuntamientos y no debe servir para abaratar costes de sustituciones de trabajadores de la plantilla municipal ni para paliar las necesidades de nuevo personal para el desarrollo de los servicios municipales ordinarios.
La alta tasa de temporalidad entre los empleados públicos no deberá verse agravada por la puesta en marcha del nuevo Plan. Las nuevas contrataciones no podrán efectuarse con trabajadores que hayan mantenido relación laboral con el ayuntamiento en los tres meses anteriores a la puesta en marcha de este Plan Especial de Apoyo al Empleo.
Las contrataciones de empleados públicos deben realizarse atendiendo a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad; y a su vez responder a las especiales necesidades sociales de los destinatarios del Plan, por lo que los servicios sociales deben emitir informe previo a la contratación de los trabajadores. Además, las contrataciones deben tener como referencia mínima de condiciones de trabajo el acuerdo FAMCP-Sindicatos.
Los representantes sindicales (delegados de personal) tendrán conocimiento y participarán en el proceso de selección de los trabajadores de cada uno de los municipios donde se desarrolle el Plan. Donde no haya delegado de personal el proceso de selección se desarrollará con la participación de los sindicatos a partir de una comisión creada al efecto.
Las actividades a las que podrán dedicarse los nuevos contratados serán programas de dinamización cultural y turística, vigilancia y mantenimiento de parques, jardines y zonas de especial protección medioambiental; actividades deportivas; proyectos de animación e información juvenil, servicios de mantenimiento y ejecución de obras o instalaciones publicas; servicios de biblioteca, documentación, archivo o museos y servicios relacionados con la salud pública y asistencia social.
El decreto que pondrá en marcha este Plan Especial de Empleo se firmará la próxima semana, de forma que el proceso de selección de trabajadores comenzará «de inmediato», afirmó Lambán, para agregar que los servicios sociales participarán en la selección de los trabajadores, para constatar su situación personal.
ACUERDO IMPORTANTE
El secretario general de la federación de Servicios Públicos de UGT, Daniel Alastuey, valoró que esta medida, que contará con la colaboración de las dos centrales sindicales, tiene un «alcance social importante» ante la crisis.
Alastuey recordó que los sindicatos «exigimos desde el principio de la crisis medidas de las administraciones» para paliar sus efectos, «que están empezando a notarse cada mes, pero al margen de estas medidas, habrá personas que por un tiempo se verán en una situación grave de exclusión social», por ello resaltó la oportunidad de la iniciativa impulsada por la DPZ.
Por su parte, el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO., Enrique Gracia, lamentó que éste «no es el acuerdo que nos gustaría firmar», ya que lo mejor sería poder crear empleos estables, pero «hay que asumir una realidad: estamos en un proceso muy importante de destrucción de empleo y la primera responsabilidad de la administración es hacer un esfuerzo», para ayudar a los trabajadores y colectivos sociales «que sufren en carne propia los efectos de la crisis».
Por tanto, «la DPZ asume su responsabilidad realizando un esfuerzo económico muy importante» que ayudará a mil personas. Por último, Gracia se mostró convencido de que «superaremos la crisis, y lo importante es cómo salgamos de ella y cómo afrontemos sus efectos mientras dure», de forma que la medida que impulsa la DPZ, en este contexto, «es comprometida y valiente», concluyó.
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