El Congreso de los Diputados ha fijado el próximo 10 de julio como primer plazo para que los grupos puedan presentar enmiendas a la totalidad del texto del Gobierno sobre la reforma de la Ley de Extranjería, que al tramitarse por el procedimiento de urgencia podrían ser debatidas en el Pleno del Congreso este mismo mes.
El Gobierno solicitó el pasado lunes la celebración de una sesión extraordianria del Pleno de esta Cámara en el mes de julio para debatir las enmiendas a la totalidad del proyecto de ley de reforma de la Ley de Extranjería, que fue aprobado hace una semana por el Consejo de Ministros.
El escrito y el proyecto de ley no llegaron a tiempo para ser calificados el lunes por la Mesa del Congreso, pero ya el presidente de la Cámara Baja, José Bono, ha agilizado los trámites fijando un primer plazo de presentación de enmiendas de totalidad para el día 10.
No obstante, dicho plazo podría ser ampliados unos días por el presidente de la Cámara, en quien recae la competencia en este periodo no ordinario de sesiones, pero en todo caso se espera que el primer debate de la nueva Ley de Extranjería se celebre en la semana del 20 al 24 de julio.
APROVECHANDO LA COMPARECENCIA DE ZAPATERO
Precisamente en esa semana se espera la comparecencia del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para informar al Pleno de, la Cámara de la situación de la economía y la evolución del desempleo, con lo que se podría aprovechar la misma sesión plenaria.
El texto del Ministerio de Trabajo e Inmigración, que ha registrado ligeras variaciones sobre el anteproyecto de ley, amplía de 40 a 60 días el plazo máximo que el inmigrante puede estar en los centros de internamiento antes de ser expulsado, limita la reagrupación al ámbito de la familia nuclear y garantiza que ninguna mujer maltratada será sancionada por su situación irregular mientras no se resuelva judicialmente el procedimiento por malos tratos.
Tras conocer las propuestas del Gobierno, todos los grupos del Congreso expresaron su malestar. Así, PP, CiU, PNV, Esquerra Republicana y Coalición Canaria denunciaron, por distintos motivos, «importantes carencias» en el proyecto de ley y avisaron al PSOE de que durante su tramitación parlamentaria se deben producir «cambios» si el Gobierno quiere contar con su apoyo.
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