Representantes de siete asociaciones empresariales de diferentes puntos de España abogaron hoy en Bilbao por revisar «serena y consensuadamente» la naturaleza de los actuales contratos, el «papel» de las políticas activas de empleo o la función que desempeña la negociación colectiva.
Los colectivos apostaron por revisar los criterios de remuneración de los consejeros de empresas y entidades financieras mediante «autorregulación» y, además, instaron a las Administraciones a centrar sus esfuerzos en dar cobertura al desempleo y en «recolocar los excedentes que la recesión ha ido dejando sin trabajo, en línea con el tránsito hacia un nuevo modelo de crecimiento».
El Círculo de Empresarios Vascos actuó hoy como anfitrión del IV Encuentro Economía y Sociedad celebrado en la capital vizcaína, una reunión anual del foro que agrupa a asociaciones empresariales y económicas de ámbito nacional y de distintas comunidades autónomas de España, como la Asociación Valenciana de Empresarios, el Círculo de Economía, el Círculo de Economía de Mallorca, el Círculo de Empresarios, el Círculo de Empresarios de Galicia y el Observatorio Económico de Andalucía.
Al término del encuentro, los participantes hicieron público un documento de consenso que, según afirmaron, «recoge inquietudes y propuestas compartidas frente a la crisis y por el progreso económico y social» y con el que se da por concluido «un proceso de reflexión y debate» desarrollado desde hace seis meses.
El texto aborda la relación entre economía, sociedad y política «en un momento en el que la crisis global obliga a revisar buena parte de las conductas empresariales, sociales o institucionales que se han ido asentando especialmente durante el largo período de crecimiento que ha vivido el país».
Los firmantes aluden a «los excesos y fallas» que desembocaron en la crisis financiera y global, y apuestan por «acortar la distancia que ha llegado a darse entre la economía financiera y la economía real». Tras rechazar las «tentaciones proteccionistas», abogan por «la mejora en la regulación y supervisión del sistema financiero».
En este sentido, proponen que, junto a la normativa legal, se desarrolle también «una ética de las finanzas y de la empresa», para lo que consideran necesario «revalidar y profundizar en los códigos de buen gobierno de las entidades financieras y de las empresas, y en la responsabilidad que atañe a los directivos».
En concreto, consideran que los criterios de remuneración de los consejeros y de los puestos de alta dirección «requerirían ser revisados mediante autorregulación, fijando las responsabilidades inherentes a tales cargos».
PRODUCTIVIDAD E INNOVACIÓN
A lo largo del documento, el foro empresarial y económico expresa su compromiso con «un modelo de crecimiento en el que prime la productividad y la innovación» y se muestra convencido de que «la recuperación económica dependerá, entre otros factores, del restablecimiento del espíritu emprendedor».
Además, critica «la concepción de lo público como elemento auxiliar de lo privado» que «da por supuesto que cuando la economía va bien el Estado no tiene nada que decir, y que cuando va mal se recurre con urgencia a él». Aunque asume la necesidad de que se habiliten medidas anti-cíclicas, defiende la política de estabilidad presupuestaria y advierte «del riesgo que entrañaría un déficit público desbocado».
En cualquier caso, considera que «la prioridad de las políticas sociales no puede ser otra que la de paliar los efectos de la crisis sobre el empleo». «La cobertura del desempleo y, sobre todo, el esfuerzo por recolocar los excedentes que la recesión ha ido dejando sin trabajo ha de centrar los esfuerzos de las administraciones, siempre en línea con el tránsito hacia un nuevo modelo de crecimiento», agrega .
El foro estima que «transcurrido un tiempo prudencial» desde que se pusieron en marcha las primeras medidas de estímulo fiscal frente a la crisis, «resulta obligado que el Gobierno y las demás instituciones concernidas procedan a evaluar públicamente sus efectos reales».
MÁXIMO DE COINCIDENCIAS
En lo relativo al apartado de política institucional, los integrantes del foro animan a que «todas las formaciones parlamentarias, y especialmente aquellas que asumen responsabilidades en el gobierno de las instituciones nacionales, autonómicas o locales», se esfuercen en «hallar el máximo de coincidencias administrando, además, las divergencias con mesura y afán constructivo».
El documento destaca que el estado del bienestar «del que disfrutamos los españoles» constituye «un logro histórico que ha brindado a la sociedad actual niveles de calidad de vida y de equidad sin precedentes». Por esta causa, insta a que «los esfuerzos públicos se orienten prioritariamente a garantizar una vida digna a los más necesitados».
También advierte de la necesidad de que «la sociedad organizada, así como cada ciudadano», proceda a distinguir «qué es un derecho social a satisfacer obligatoriamente y qué es una aspiración legítima», por lo que considera que «el legislador ha de ser cuidadoso respecto a aquello que consigna como derecho». «La sociedad civil saldrá más fortalecida cuanta más responsabilidad sea capaz de asumir el ciudadano respecto a su propio bienestar y respecto al porvenir de los suyos», argumenta.
Los firmantes del texto abogan también por un «diálogo franco» sobre el mercado de trabajo, y expresa que «la estabilidad en el empleo constituye un estímulo para el conjunto de la economía». Sin embargo, considera que esta estabilidad «obliga a revisar de manera serena y consensuada tanto la naturaleza de los actuales contratos laborales, como el papel que vienen jugando las políticas activas de empleo o la función que desempeña la negociación colectiva».
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