La Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas) reclamó hoy un análisis profundo del sistema de Seguridad Social, que pase por una reforma de las cotizaciones al sistema y por un aumento de forma gradual de la edad legal de jubilación hasta los 70 años, un límite «más compatible» con la situación actual.
En el último número de ‘Cuadernos de Información Económica’, el profesor Manuel Lagares asegura que la reducción de las cotizaciones se podría compensar, si no hay otra salida, con una subida de IVA, al tiempo que apuesta por calcular la prestación a partir de las cotizaciones realmente efectuadas durante 20 ó 25 años de vida laboral.
En esta misma línea, Lagares destaca la importancia de crear una pensión pública máxima, con valores anualmente revisables con el IPC y recomienda una vuelta a los incentivos fiscales anteriores a la reforma del IRPF del año 2006 para las aportaciones a los planes de pensiones. A su parecer, el sistema sólo será sostenible si se llevan a cabo estas reformas.
Por su parte el profesor y director de Funcas Victoriano Valle pide una «política fiscal activa», que pase por elevar el tipo medio de IRPF y corregir algunas «malformaciones» de la estructura tributaria actual, a través de una reducción de Sociedades y una subida de IVA para compensar las anteriores reducciones, cubrir el mayor gasto público recomendado y cerrar parcialmente el déficit estructural de la economía española.
A su parecer, elevar el tipo medio de IRPF permitirá corregir la «excesiva generosidad» de algunas desgravaciones sin interés económico y social, como los 400 euros o la ayuda a la vivienda. «Creo que la evolución a la baja de los precios marca una coyuntura favorable para minimizar los presuntos efectos inflacionistas de una elevación de los impuestos indirectos», indica.
Valle destaca también la necesidad de conservar los equilibrios públicos fundamentales (como el ahorro positivo) y de hacer las reformas fiscales necesarias que permitan financiar el «inevitable déficit» que se producirá en los próximos años si se mantiene una política tributaria pasiva.
Sobre el gasto público en I+D, los profesores Elena Huergo y Francisco J. velázquez resaltan la insuficiencia del gasto en I+D del sector empresarial y aseguran que si las empresas duplicasen su gasto se podría esperar un incremento del 20,3% en la inversión bruta de capital y del 18,1% en las exportaciones, mientras que la productividad y las ventas también crecerían.
En cuanto a la evolución de los precios en España, Maria Jesús Fernández Sánchez asegura que las últimas caídas no han sido generales y que tienen un carácter transitorio, de forma que no se puede hablar de deflación. Además, a su parecer, las caídas tienen un efecto positivo, ya que permitirán recuperar la competitividad de la economía sin tener que reducir el poder adquisitivo de los salarios.
POSIBLE ALTERACIÓN DE LA COMPETENCIA BANCARIA.
Sobre el sector bancario, Santiago Carbó, Francisco Rodríguez y José Manuel Mansilla creen que aún es pronto para evaluar la incidencia de las últimas medidas, aunque creen que han ayudado a preservar la estabilidad financiera a corto plazo. De hecho, aseguran que existe incertidumbre sobre el impacto del importe de los avales, las recapitalizaciones y la posibilidad de que éstas generen un «efecto expulsión» sobre los mercados de deuda privados.
En este sentido, consideran que la competencia bancaria europea puede verse alterada en el entorno posterior a la crisis si las entidades sobre las que se han inyectado fondos de capital directamente salen artificialmente fortalecidas. En cuanto a España, aprecian un cambio en la estrategia regulatoria y consideran preciso definir las nuevas reglas del juego para la correcta resolución de los posibles problemas de viabilidad, algo que competerá al Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB).
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