La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F) ha presentado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) un recurso contra el Ministerio de Política Territorial por la imposición del DNI electrónico a los funcionarios.
El sindicato explicó en un comunicado que en una instrucción de la Subsecretaría del Ministerio de Política Territorial, notificada mediante aviso local en la red ‘intramap’ el 11 de junio de 2009, secomunicó a todo el personal que después de la citada fecha, todos los trámites de permisos, licencias e incidencias, sólo se aceptarían «de forma exclusiva vía tram@».
Esta aplicación funciona de forma obligatoria con un documento privado y personal como es el DNI electrónico, «con los consiguientes riesgos para la preservación de la intimidad personal, como robo de identidad o utilización fraudulenta del acceso», según destacó el sindicato.
CSI·F explicó que en otras administraciones públicas se adjudica clave de acceso a los usuarios para la aplicación necesaria, con lo que la identificación del trabajador es indirecta, dotándoles de una firma o certificado digital para uso laboral.
El recurso Contencioso-Administrativo presentado por el departamento jurídico del sindicato señala que este colectivo «solicita, con carácter cautelar, que por parte del Juzgado se proceda a acordar la cesación y suspensión de los efectos de la medida adoptada por la empleadora demandada habida cuenta tanto del perjuicio irreparable que con la adopción de la misma se ocasiona al actor».
Para CSI.F, «el Ministerio insiste en obligar a los funcionarios al uso de este documento porque se encuentra inmerso en plena campaña de promoción y difusión del nuevo DNI». Según la central sindical, «es la única explicación que se encuentra para este empeño: el deseo de algunos cargos de ponerse medallas obligando a todos los funcionarios a usar la firma electrónica».
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