El Ministerio de Defensa no contratará a empresas que no cumplan la obligación de reservar el 2% del empleo para personas con discapacidad o las medidas alternativas, cuando tengan una plantilla de 50 o más trabajadores y estén sujetas a esta obligación legal.
Para acreditar el cumplimiento de esta obligación, se exigirá a los licitadores una declaración responsable, en la que manifiesten que cumplen con dichas obligaciones o que, por emplear un número inferior a 50 trabajadores, se encuentran legalmente exentos de su cumplimiento.
Así lo establece un documento interno elaborado por el Ministerio, donde se estipulan las normas sobre integración de personas con discapacidad en el ámbito de la contratación pública. Esta iniciativa responde a una demanda planteada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).
Según esta normativa interna, los órganos de contratación comprobarán además que las empresas y personas licitadoras no hayan sido sancionadas con carácter firme por infracción grave o muy grave en materia de integración laboral, igualdad de oportunidades y discriminación a personas con discapacidad.
El documento establece que los órganos de contratación del Ministerio, al examinar las proposiciones y solicitudes de participación que presenten las empresas, comprobarán que éstas no están incursas en las prohibiciones de contratar que estipula la Ley de Contratación del Sector Público (LCSP), y en especial las prohibiciones referidas a las personas con discapacidad.
Además, estos órganos de contratación velarán para que en todos los contratos que tramiten se apliquen criterios de accesibilidad universal y de diseño para todos, tal y como son definidos en la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal (Liondau).
Es la primera vez que un Ministerio realiza una iniciativa como esta para garantizar el cumplimiento de la reserva legal de estas contrataciones. «Se trata de una palanca potentísima que permitirá que, sin incrementar la presión fiscal sobre las empresas, se cumpla más esta reserva del 2%», según el asesor jurídico del Cermi y directivo de Fundación ONCE, Miguel Ángel Cabra de Luna.
Es una medida positiva «que siempre será mejor que imponer un canon para obligar al cumplimiento de contratar a personas con discapacidad». De esta forma, según Cabra de Luna, «las empresas que quieran contratar con la Administración sabrán que deben cumplir primero con la ley».
Actualmente, según datos de Cermi y Fundación ONCE, el porcentaje medio de reserva de contratación de personas con discapacidad se sitúa entre el 0,68% y el 1%, a pesar de que la ley establece una cuota obligatoria del 2%.
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