Luz verde a la cuarta reforma de la Ley de Extranjería tras el informe favorable del Consejo de Estado

El Consejo de Ministros dio hoy luz verde al texto de reforma de la Ley de Extranjería elaborado por el Gobierno, tras recibir el informe favorable del Consejo de Estado, último órgano consultivo en pronunciarse, que ayer refrendó el texto que viajará al Congreso de los Diputados para iniciar su andadura parlamentaria. Esta es la cuarta reforma de la legislación en materia de inmigración que se produce desde el año 2000, cuando la primera norma fue sancionada.

Según explicó en rueda de prensa la vicepresidenta Primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, la reforma persigue «pasar de una política de extranjería a una política de inmigración», ya que se trata de una «realidad» en la sociedad española, donde ya residen más de 4,5 millones de extranjeros.

El texto, «equilibrado y garantista», según De la Vega, incorpora las sentencias del Tribunal Constitucional que reconocen a los migrantes derechos no recogidos en el ordenamiento vigente (como el de asociación y sindicación), así como traspone a la legislación española las directivas europeas aprobadas en los últimos años sobre la materia y que imponen cambios como considerar «residencia de larga duración» a lo que hasta ahora en España se denomina «residencia indefinida».

Para la vicepresidenta Primera del Gobierno, el redactado actual de la norma garantizará el objetivo de una «inmigración legal, ordenada e integrada con derechos y obligaciones de ciudadanía» porque «perfecciona el sistema de flujos migratorios en función del mercado de trabajo, aumenta la lucha contra la inmigración ilegal y favorece la integración».

El anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería elaborado por el Gobierno fue aprobado en Consejo de Ministros el pasado 18 de diciembre de 2008. Durante los meses siguientes, el texto fue modificado para incorporar algunas de las sugerencias tanto de órganos consultivos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Foro para la Integración de los Inmigrantes y el Consejo Económico y Social, entre otros.

60 DÍAS DE INTERNAMIENTO Y PROTECCIÓN PARA MALTRATADAS

Así, entre otros cambios se modificó la redacción del artículo 53, que había suscitado polémica en diversos ámbitos porque parecía perseguir la hospitalidad, la acogida y el trabajo de las ONG con los inmigrantes en situación irregular. No obstante, otros aspectos que levantaron críticas entre las ONG, como la ampliación a 60 días del plazo máximo de internamiento en centros para extranjeros que van a ser expulsados, se han mantenido invariables.

Este es el caso de la reforma de la reagrupación familiar, que si no se modifica en las Cortes, quedará limitada al ámbito de la familia nuclear (cónyuges o equivalente e hijos menores de edad o dependientes), restringiendo la posibilidad de reagrupar ascendientes a aquellos casos en que los padres o suegros sean mayores de 65 años o necesiten hacerlo por razones humanitarias.

Otra de las grandes novedades es la que afecta a las extranjeras víctimas de violencia de género que se encuentren en situación irregular. Con el redactado actual, se garantiza que ninguna mujer en estas circunstancias será sancionada por ello mientras no se resuelva judicialmente el procedimiento por malos tratos. Asimismo, se contempla la posibilidad de que se le conceda autorización de residencia y trabajo durante el tiempo que espera la sentencia.

«El Gobierno espera que todos los grupos parlamentarios busquen desde la responsabilidad, el consenso que necesita esta ley que aborda sin duda una cuestión de Estado», apuntó De la Vega, para incidir en que el Ejecutivo mantendrá «el espíritu de diálogo con el que ha elaborado esta ley».

Este proyecto de reforma comenzará a debatirse en el Congreso de los Diputados cuando se reanude el periodo de sesiones tras las vacaciones estivales. Según declaró el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, esta semana, «el último trimestre del año debería ser suficiente para poder hacer todo el debate parlamentario y poder tener la ley definitivamente modificada y aprobada antes de que finalice el año».