Corbacho admite que una de cada cuatro familias en paro no recibe prestación, pero no subirá subsidios

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, aseguró hoy que tres cuartes partes de las familias con todos sus miembros en paro cuentan «al menos» con un miembro que cobra algún tipo de prestación social y señaló que, aunque «no es suficiente», este porcentaje «va aumentando» gracias al refuerzo de la política social.

   No obstante, reiteró que no está a favor de aumentar los subsidios, sino de «acompañar socialmente» a los parados que lo necesiten, a cambio de la suscripción de un itinerario «para volver al empleo».

   Así se expresó en respuesta a una interpelación del diputado de CiU Carles Campuzano, ante el que aseguró que la tasa de cobertura actual de prestaciones por desempleo en España «es una de las más altas» y que existe un sistema de protección social «extenso y que funciona» para «paliar» las circunstancias de aquellos que han perdido su trabajo y los más desfavorecidos en términos de renta, como demuestra el nuevo crédito extraordinario de 17.000 millones destinado a esta materia.

   En este sentido, señaló que desde su llegada al Ministerio, se ha rebajado el tiempo medio de pago de prestaciones por desempleo de 18 a 5 días. «Vamos a seguir mejorando», incidió.

   Asimismo, aseguró que el Gobierno no impulsará ninguna reforma laboral «unilateral» al margen del Diálogo Social, porque «sería apostar por la propia crisis», y reiteró su «plena confianza» en que se alcanzará un acuerdo «antes de agosto» que amplíe el compromiso suscrito hace un año, «apostando por el fruto de la concertación y el diálogo». 

   En este sentido, señaló que «estaría bien» que «algunos»  de los que piden una reforma laboral –como el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, a quien no mencionó explícitamente– «empezaran a mirarse a ellos mismos» para ver qué reformas deben hacer, porque la crisis no es el resultado del mercado laboral, y tiene mucho que ver con la crisis financiera global y el modelo productivo de los últimos 25 años. 

REVISAR DE LA ‘A’ A LA ‘Z’ EL REGLAMENTO

   Asimismo, mostró su disposición a revisar de la ‘A’ a la ‘Z’ el Ministerio de Trabajo para eliminar cualquier rigidez en la gestión de las políticas de empleo por su parte, pero reclamó a las comunidades autónomas y a los partidos nacionalistas que les señalen «qué artículos del reglamento» han de cambiarse.

   «Nadie me puede dar lecciones de descentralización y flexibilización», aseveró Corbacho, quien señaló que «le importa muy poco» cuestiones como las actividades de formación que se enseñan en cada territorio, y sólo le preocupa «fijar objetivos».

   No obstante, recordó que las políticas activas son competencia exclusiva de la comunidades y que de los 2.500 millones destinados a formación, sólo el 6% está gestionado por el Ministerio. Asimismo, recordó que los 1.500 orientadores «son pagados por el Estado», pero dependen «en la parte funcional y orgánica» de su labor de los gobiernos autonómicos.

NUEVO PORTAL NACIONAL DE EMPLEO

   Respecto a la modernización de los Servicios Públicos de Empleo, señaló su apuesta decidida por la mejora y potenciación de éstos, con elementos de tecnología avanzada que permitan la coordinación con los servicios autonómicos. Así, avanzó que antes de que finalice el año ser pondrá en marcha un portal de Internet a nivel estatal que permitirá un «acceso global» a las ofertas y demandas de empelo, para lo que espera recabar el apoyo de agentes sociales y comunidades autónomas.

   Por su parte, Carles Campuzano denunció la situación alarmante del mercado de trabajo que, pese a los indicadores macroeconómicos positivos, «prolongarán su desplome». «No entendemos la testarudez del Gobierno de no querer abordar una reforma en profundidad del mercado de trabajo», señaló Campuzano, quien advirtió de que incluso si la recuperación se produce en 2011 debe ir acompañada de esta reforma. 

CIU MPIDE MAYOR AGILIDAD DE LOS ERES

   No obstante, centró su interpelación en la necesidad de un cambio de orientación en las políticas activas de empleo, cuya rigidez impide a las comunidades desarrollarlas con «plena eficacia», al tiempo que se da una «falta de coordinación» con las políticas pasivas. En este sentido, reclamó una mayor colaboración de las Empresas de Trabajo Temporal (ETTs) junto a los Servicios Públicos de Empleo.

   Además pidió a Corbacho una «mayor agilidad» a la hora de gestionar los EREs, que abogó por extender a las pymes, así como garantías para superar la debilidad de los instrumentos de protección social que dejan a cada vez más parados en la indigencia, una vez concluido su derecho a prestación. Asimismo, recordó que un 14% de los prestatarios de la Renta Mínima de Inserción son antiguos trabajadores autónomos.