El presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, propuso ayer en el Congreso de los Diputados la creación de un «contrato específico para autónomos» durante el tiempo que los expertos estiman que puede durar «los efectos de la crisis», con un coste del despido definido en 20 días por año trabajado. Pasado ese tiempo, el trabajador se podría acoger a la modalidad de fomento del empleo, con indemnización de 33 días.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Trabajo e Inmigración de la Cámara Baja para explicar su posición de cara a la tramitación del proyecto de ley de medidas urgentes, Amor invitó a los diputados a «dar un paso más» y fijar un incentivo a la contratación de 12.000 euros para autónomos y microempresas. Según los cálculos de ATA, esta medida permitirá crear 350.000 nuevos empleos con un coste de 4.000 millones de euros.
Amor señaló que esta cantidad supondría el 50% del Fondo de Inversión Local, con la particularidad de que traería «empleos estables», ya que el empresario se vería obligado a devolver las ayudas si despide al trabajador «antes de los tres años».
FALLECIMIENTO DE UN FAMILIAR COMO CAUSA DE DESPIDO.
Precisamente sobre las causas del despido, Amor abogó por considerar como razón de despido para el autónomo las pérdidas en un año, la falta de financiación, la negativa de las entidades de crédito al descuento de documentos diferidos de pago como pagarés y letras, la morosidad de los clientes, las pérdidas derivadas del ejercicio de la actividad, el fallecimiento de familiares o la pérdida de licencia administrativa como «causa de fuerza de mayor» no imputables al autónomo o microempresario.
«La situación exige incentivar la actividad y el empelo frente a la inactividad», incidió Amor, quien contrapuso estas medidas a la posibilidad que «se comenta» de crear un nuevo salario social de 500 euros mensuales, que en tres años alcanzaría un coste de 18.000 millones de euros.
PARA 1,8 MILLONES DE EMPRESARIOS.
Por contra, los incentivos a la contratación permitirían que los 1,8 millones de autónomos sin trabajadores a su cargo, de los que 600.000 son microempresas, se atreverían a contratar trabajadores. «El 80% del tejido empresarial español tiene entre cero y dos trabajadores», advirtió Amor.
Asimismo, urgió a los diputados a que pongan en marcha la prestación por cese involuntario de actividad para los autónomos, si bien indicó que mientras no se articula esta medida, se deben implementar otras de protección específicas para este colectivo, a través de las rentas de inserción.
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