Un informe de la Auditoría General de Sudáfrica indica que más de 2000 funcionarios sudafricanos han desviado hasta 75 millones de dólares del erario público para uso privado entre 2005 y 2007.
Este escándalo, el último en afectar a la principal economía de África, es resultado de la investigación desarrollada por el Auditor General del Estado, Terence Nombembe, que reveló que funcionarios tanto de las instituciones regionales como del Gobierno central habían empleado dinero público para crear sus propias empresas. Parte de ese dinero fue regalado a sus esposas o a sus parientes.
El informe de Nombembe, recogido hoy por el diario sudafricano ‘The Sunday Times‘ en un artículo cuyo titular califica a los acusados de «Sucios y podridos canallas» fue presentado al Parlamento sudafricano a principios de este año, pero nunca llegó a ser discutido formalmente ya que la Cámara estaba demasiado ocupada preparando las elecciones. El documento recomienda emprender acciones disciplinaras contra los acusados y el endurecimiento de la política de control monetario del Gobierno.
El escándalo ha afectado sobre todo a la locadidad de Limpopo, donde más de 900 funcionarios han desviado cerca de 32 millones de dólares. También se tiene constancia de importantes negligencias en Mpumalanga, donde 70 funcionarios se habrían apropiado ilegalmente de 14 millones de dólares.
El informe revela además que otros 70 funcionarios del Gobierno central han desviado ocho millones de dólares de fondos públicos que se han repartido entre 72 compañías privadas de su propiedad. Dinero que no ha sido declarado, y ninguno de los funcionarios acusados ha llevado a cabo los trámites necesarios para desarrollar trabajos adicionales además de su función al servicio del estado.
Para el director del grupo Supervisión de la Responsabilidad del Servicio Público, Derek Luyt, el informe es sólo «la punta del iceberg de la corrupta relación entre empleados y entidades privadas».
«Esto no es sólo mala gestión, sino un fracaso flagrante de supervisión política. Si los gestores y directores de departamento no corrigen la situación, especialmente cuando se ha demostrado tan claramente, entonces la responsabilidad recaerá sobre los ministros», aseguró al diario.
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