El director xeral de Xustiza, Juan José Martín, avisó ayer de que la elaboración de las cartas judiciales –que incluye cubrir el papel de acuse de recibo y añadir una etiqueta– es «competencia del cuerpo de auxilio judicial», mientras que los sindicatos consideran que esta labor «no es de recibo» y «va en contra del derecho de la dignidad de las personas».
En declaraciones a los medios en un receso de la mesa sectorial de Justicia, el alto cargo autonómico se refirió a la problemática que se está registrando en algunos juzgados como consecuencia de la negativa de Correos a recoger las cartas que no estén etiquetadas y lo redujo a «tres» salas de la provincia de A Coruña. A este respecto, los sindicatos aseguraron que afecta a «toda Galicia» y tacharon de «mentira» las palabras del director xeral.
Juan José Martín indicó que esta cuestión ha sido una de las temáticas que ha copado gran parte de la reunión sectorial de ayer. En este sentido, explicó que este conflicto ya se había registrado en comunidades como Navarra o Canarias y que, en ambos casos, se concluyó que «es competencia del cuerpo auxiliar judicial» colocar la etiqueta en las cartas –lo que permite seguir el recorrido del envío y saber cuándo se puede celebrar el juicio–.
No obstante, el portavoz de la plataforma sindical –que aglutina a todas las centrales con representación en el ámbito de la justicia–, Juan Antonio Martín, adujo que «se les está exigiendo a los trabajadores una labora que tiene que hacer Correos y que es colocar tres pegatinas por cada carta». «Esto genera un trabajo enorme y si se firmó un contrato en el que Correos pretendía que los funcionarios hiciesen este trabajo, ¡mal hecho!, porque afecta a las condiciones laborales de los trabajadores», censuró.
El director xeral de Xustiza indicó que se abrirá una oficina judicial para realizar esta tarea y sacar adelante esta actividad diaria pero que, entre tanto, «debe quedar claro que la confección del correo corresponde al cuerpo de auxilio judicial». Según los sindicatos, unos 70 juicios de media al día se tienen que paralizar desde que Correos dejó de recoger las cartas no etiquetadas y advierten de que «si no hay solución, puede caer en cascada en toda Galicia».
ACCESO A INTRANET
Otras de las cuestiones que suscitó polémica en la reunión de ayer ha sido el acceso al sistema de intranet por parte de los funcionarios ya que, por ahora, deben hacerlo a través de la firma electrónica. Este sistema es voluntario pero, sin embargo, constituye el único método para entrar en ese sistema, por el momento.
De esta forma, el director xeral de Xustiza comunicó la intención de estudiar «cómo solventar» esta problemática y, aunque aseguró que la acreditación no tiene que realizarse vía firma electrónica de forma obligatoria, sí matizó que «tiene que haber» algún sistema identificativo del usuario.
A este respecto, la plataforma –que incluye a CSI-CSIF, CC.OO., CIG y USO– certificó la «plena disposición» de los funcionarios a trabajar con las aplicaciones informáticas, con el objetivo de «mejorar el servicio». No obstante, incidió en que este personal «no está obligado a una firma electrónica», por lo que demandó una «tarjeta» con la que poder trabajar.
SUPLEMENTO DE 10 EUROS
La cuestión salarial también fue sujeto de debate y, mientras los sindicatos reclaman que se aplique un suplemento lineal de 10 euros mensuales –que fue pactado con el anterior gobierno–, la Xunta avisa de que el bipartito «no dejó dotación presupuestaria» para esta cuestión.
Sobre este extremo, Juan José Martín aseguró que la Administración está «abierta» a estudiar esta cuestión, pero apuntó que este plus se paga por productividad y «habrá que ver cuál es el acuerdo» alcanzado. Los sindicatos, ante estas palabras, replicaron que se trata de una cantidad «ya negociada» y que «no tiene que haber ningún tipo» de estudio.
En la reunión. CIG aprovechó para reclamar en la mesa sectorial que se impulse el gallego en la justicia. En este sentido, instó a que se traduzcan los textos jurídicos para «mejorar» la implantación de la lengua propia –algo que se está llevando a cabo, según el director xeral–. Además de pedir que se «adopten las medidas precisas para conseguir las competencias plenas de Justicia para la Comunidad gallega».
Los sindicatos, además, se presentaron ante el conselleiro de Presidencia Administracións Públicas e Xustiza, Alfonso Rueda, como una nueva plataforma sindical que aglutina al 100 por cien de los trabajadores.
OTRAS CUESTIONES
Por otro lado, el director xeral de Xustiza indicó que la formación continua se trasladará a la Escola Galega de Administraciones Públicas, de manera que en ella se realizarán los cursos de política lingüística –reciclaje y aprendizaje– o teleformación, entre otras actividades.
Asimismo, trasladó la intención de poner en marcha un juzgado de paz y la adopción de un plan de medidas urgentes en para la renovación tecnológica de la Administración de Justicia, algo que ya había sido acordado en la reunión mixta celebrada entre Xunta y Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
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