Caramelo manifestó ayer su disconformidad con el informe de la Inspección de Trabajo que rechaza el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en su fábrica del polígono industrial de La Grela (La Coruña) e insistió en que su aprobación es «imprescindible» para evitar el despido de toda la plantilla, que integran 832 trabajadores.
En un comunicado, la compañía asegura que es consciente «de la dureza situación», pero remarca la «urgencia» de reducir costes de producción para salvar la empresa y evitar la «quiebra».
Así, incide en el hecho de que el informe reconozca pérdidas económicas y las atribuye «a graves errores de gestión cometidos en los últimos años». No obstante, según recoge en su comunicado, sobre la conclusión del informe de que «no se ha demostrado que los costes salariales sean un factor desencadenante de los resultados económicos negativos, sino que se han considerado como una medida correctora», Caramelo admite que «si bien no es la única causa que afecta a las pérdidas de la compañía, sí hay una relación de causa-efecto entre el sobredimensionamiento de la plantilla con parte de las pérdidas producidas».
Asimismo, ante la afirmación del informe de que «no se ha demostrado que con las extinciones contractuales, se garantice la rentabilidad de la empresa», Caramelo subrayó que «la externalización de la producción no se está planteando en la actualidad, si no que es un proceso iniciado en el 2007» y añadió que eliminar la duplicidad de costes que hubo en ese ejercicio y en 2008 –con compra de producto en Asia y coste de personal de fabricación interna– «contribuirá a garantizar la rentabilidad de la empresa».
DESLOCALIZACION DE LA PRODUCCION.
El informe de la Inspección de Trabajo señaló, según reconoce Caramelo en un comunicado, que no hay causas organizativas que justifiquen el ERE, basándose en que «no existe una causa o factor desencadenante que incida de manera desfavorable en la eficiencia de la empresa».
Además, consideró que «la empresa en ningún momento ha demostrado que la cadena de producción de La Coruña tenga fallos en su organización, como para ser necesaria su extinción, lo único que alega es que es más barato comprar el producto terminado en China».
No obstante, la empresa insistió en que la plantilla «está sobredimensionada para el volumen de producción que se realiza en La Coruña» y calificó de «interpretación simplista» las afirmaciones del informe sobre el ahorro de costes con la producción en China. Así, reiteró que su objetivo con la externalización de la producción es «competir» con empresas que ya han acometido este proceso de deslocalización hace años.
Caramelo remarcó también en que «en ningún momento se ha planteado la total externalización de la producción, ya que mantendría en La Coruña actividades de producción de valor añadido como la sastrería a medida y patronaje», en respuesta al apartado del informe que señala, según informó la propia compañía, que «la total descentralización no es una regla habitual del buen comerciante» y que otras empresas «sí mantienen parte de su producción propia».
PLAN DE VIABILIDAD.
Por todo ello, la empresa manifestó que el plan de viabilidad que incluye el ERE es el «único camino» para evitar el cierre y remarcó que con este expediente de regulación «no busca el despido de 237 trabajadores, sino la salvación de los 595 restantes».
En su comunicado, la firma textil indicó que este plan incluye el ERE, pero también «medidas destinadas a corregir y enmendar los errores cometidos», entre las que citó nuevas inversiones en el negocio internacional, mejoras a nivel informático o renegociar los alquileres de las tiendas, junto con una inversión «de 16,4 millones de euros entre 2009 y 2010».
Por su parte, las trabajadoras de Caramelo acordaron ayer, en asamblea, desconvocar la concentración que mantenían desde ayer ante las instalaciones de la fábrica «como un gesto de buena fe», aseguró a Europa Press la portavoz de CIG-Textil, Dores Martínez, quien explicó que en la reunión también se acordó aplazar cualquier tipo de movilizaciones a la espera de se abra el nuevo periodo de negociaciones que se comprometió a iniciar ayer la Xunta la próxima semana.
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