Las centrales sindicales UGT, CIG y CSI-CSIF censuraron ayer la decisión de la Xunta de subir el sueldo a sus jefes territoriales en 210 euros mensuales, es decir, en casi 3.000 euros al año, por verla «alejada» de la «austeridad» que «promulga» el Ejecutivo gallego.
Tras la celebración de la Mesa Xeral de Negociación da Función Pública, el secretario nacional del Sector Autonómico de UGT, José Francisco Núñez, criticó el «descaro» de la conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, que «primero quiere congelar el sueldo a los empleados públicos» y «ahora quiere subírselo a los que cobran 45.000 euros anuales».
«Con la que está cayendo», insistió, al tiempo que señaló que esta actuación «no es de recibo». «Hacen lo que quieren porque se ven con patente de corso después de las elecciones», lamentó el sindicalista, al tiempo que advirtió de que «también se veían así los otros» y los ciudadanos «los mandaron a la calle».
Con Núñez coincidió el secretario nacional de CIG-Autonómica, Manuel Gallardo, quien criticó que la mesa de negociación fue «una escenificación de una negociación» y una «imposición» por parte del Gobierno gallego. «Primero proclaman su austeridad y quitan a los delegados provinciales y ahora ponen cinco superdelegados con cinco o seis asesores y 50 jefes territoriales», reprobó, al tiempo que censuró también su subida salarial que, según sus cálculos, supone unos 150.000 euros anuales.
También lamentó el representante del sindicato nacionalista, en declaraciones a Europa Press, la «desvergüenza» de Fernández Currás al hablar de congelar el sueldo de los funcionarios «que cobran 1.000 euros al mes». «Y a los que cobran 45.000 euros al año se lo sube en 3.000», censuró.
En este punto, se mostró partidario de «negociar un acuerdo económico nuevo para los trabajadores de la Xunta», puesto que el actual finaliza este año. «Si hay dinero para subirle el sueldo a los altos cargos, también lo hay para sentarse y negociar con los trabajadores», sostuvo.
Del mismo modo, el presidente del sector autonómico de CSI-CSIF, Juan Carlos Rivas, aseguró no estar «de acuerdo» con esta cuestión «en ningún caso» y alertó de que «el ahorro y la austeridad que constantemente invoca la Xunta, al final, va a ser inexistente».
«La Xunta argumenta que este puesto tiene una especial dificultad técnica, dedicación y responsabilidad», señaló, al tiempo que coincidió con esta cuestión, pero defendió que «estas características son compartidas por muchos trabajadores de la Xunta». Por ello, tras indicar que el Gobierno gallego «no puede favorecer sólo a unos pocos», abogó por «diseñar un plan de carácter generalista, más ambicioso, que incluya a todos los que tengan las mismas características».
RESPUESTA DE LA XUNTA
Frente a las críticas de las centrales sindicales, la Consellería de Facenda señaló que la nueva estructura elimina 48 delegados provinciales y que supondrá un ahorro anual de 3,7 millones de euros.
Tras este reajuste, la Dirección Xeral da Función Pública consideró que «la especial dificultad técnica, dedicación y responsabilidad» que llevan aparejada los cargos provinciales debe comportar un incremento en sus retribuciones.
Por ello, propuso que las retribuciones de los jefes de departamento territorial tengan 210 euros brutos mensuales más, en concepto de complemento específico. Este complemento, según indicó Facenda en un comunicado, «ya estaba previsto y consignado», por lo que «no supone un coste a mayores».
CARGOS DE LIBRE DESIGNACIÓN
Otro de los puntos del orden del día de la mesa de negociación era, según indicaron los sindicalistas a Europa Press, que el puesto de jefe territorial de la Consellería de Educación pudiese ser ocupado por docentes o cargos de libre designación, algo que causó rechazo entre los presentes.
Así, mientras CSI-CSIF mostró su «oposición» a que plazas «esencialmente administrativas» que deben ser cubiertas con funcionarios, sean ocupadas por otro tipo de profesionales. «Quieren convertirlo totalmente en un cargo político», entendieron desde la CIG, donde vieron «clarísima» la «intención» de «pagar a los delegados políticos».
Por su parte, la UGT pidió «valentía» al Ejecutivo gallego para decir que este puesto «es político». «Lo venden como técnico, y si es así, tiene que ser ocupado por un funcionario», incidió, al tiempo que consideró «maquillaje» y «mentiras» las afirmaciones sobre la reducción de costes.
OTROS PUNTOS
La mesa de negociación también sirvió para abordar cuestiones como la aplicación de la jornada de verano entre el personal de la Xunta. Los tres sindicatos consultados por Europa Press coincidieron en la necesidad de que esta reducción de horario durante los meses estivales afecte también al personal con horarios específicos en forma «de otro tipo de compensación».
Además, se trató el proceso selectivo para la promoción de agentes forestales, que está en fase de negociación, y sobre el cual UGT, CIG y CSI-CSIF destacaron que «va bien encaminado» y avanzaron que «el lunes se terminará de perfilar».
El último punto versó sobre la relación de puestos de trabajo del Instituto Galego de Estatística (IGE), que también fue «bien recibido» por los sindicatos. «Estamos de acuerdo al 90 por ciento», precisó CIG, quien señaló la existencia de «un par de alegaciones».
DESCONTENTO
Tras la celebración de la mesa con la Administración gallega, los sindicatos lamentaron que la Xunta «ni gobierna, ni trabaja, ni saca nada adelante». «Llevamos mucho tiempo parados», lamentó José Francisco Núñez.
Además, Manuel Gallardo mostró su «incredulidad» por el hecho de que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, «llegó ofreciendo diálogo y consenso» y, de momento, las dos mesas de Función Pública «sólo sirvieron para cargarse el gallego en las oposiciones y para subir el sueldo a los jefes territoriales». «Tenemos la esperanza de que la próxima sirva para eliminar el plus de altos cargos», sentenció el nacionalista.
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