El secretario general de Cepyme, Elías Aparicio, admitió hoy que el diálogo social tripartito tiene «limitaciones obvias» para resolver la crisis para «resolver» la crisis porque no puede sustituir las decisiones políticas, pero defendió su «importante labor» y rechazó que el Congreso aborde una reforma laboral en profundidad aprovechando la tramitación del proyecto de ley de medidas urgentes para el fomento del empleo.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Trabajo e Inmigración de la Cámara Baja para explicar la posición de su organización ante el debate sobre el texto originado por el decreto ley aprobado por el Gobierno en marzo, Aparicio recordó que esta norma no tenía como objeto una «reforma profunda del marco laboral», sino solventar cuestiones urgentes con medidas que van en la buena dirección, aunque no sean suficientes para aliviar la situación de las pymes.
Aparicio incidió en que la prioridad para las pymes para mantener el empleo pasa por mejorar las condiciones de acceso al crédito. «Creo que la crisis financiera no está todavía bien diagnosticada y, desde luego, no está resuelta», alertó.
También reclamó que se actualice y simplificar la legislación en lo referente a los retrasos de los pagos por parte de administraciones públicas y empresas, así como una simplificación administrativa para mejorar y simplificar el marco regulatorio de la actividad empresarial en lo referido a contrataciones y bonificaciones.
En cualquier caso, aseguró que la necesidad de una reforma laboral «no es de hoy» y la puesta al día de la regulación del mercado de trabajo en España «era necesaria antes de la crisis, lo es durante la crisis y lo seguirá siendo después» de que las Cortes tramiten este texto, pero esta deberá encauzarse «con el tiempo necesario» en el diálogo social reforzado surgido de la declaración de junio del año pasado. «No les quepa duda de nuestra compromiso y de nuestra apuesta», incidió.
Así, insistió que las negociaciones entre Gobierno, patronal y sindicatos podrán ser útiles para abordar las reformas estructurales para la modernización del modelo económico y el desarrollo de un nuevo marco que fomenten la «capacidad competitiva». «Hay muchos aspectos en los que mejorar», señalo Aparicio, quien volvió a proponer una reducción en las cotizaciones sociales de las empresas españolas, que no tiene comparación con las que afecta a otros países europeos.
Aparicio incidió en que la prioridad para las pymes es mejorar las condiciones de acceso al crédito, actualizar y simplificar la legislación en lo referente a los retrasos de los pagos por parte de administraciones públicas y empresas, así como una simplificación administrativa para mejorar el marco regulatorio de la actividad empresarial. «El marco contractual de nuestro país no está pensado para las pequeñas y medianas empresas», incidió.
ABOGA POR LAS ETT.
Respecto al contenido de la norma debatida en el Congreso, Aparicio recalcó la valoración positiva global de las seis medidas medidas, pero matizó su posición sobre algunas de ellas. En concreto, se sumó a la reivindicación de una bonificación del 100% en las cuotas empresariales en los Expediente de Regulación de Empleo (ERE) temporales, «mucho más efectiva» que la propuesta del Gobierno de hacerlo en un 50%.
Asimismo, incidió en que las bonificaciones de las cuotas por contratación de parados con prestaciones «va en la buena dirección», pero añade complejidad al ya complicado marco de bonificaciones empresariales, que, a su juicio, necesita necesita modernización. Además, tachó de muy limitado impulso a la contratación a tiempo parcial. «Bienvenidos sena los retoques, pero necesita elementos de reforma importante para hacerlo practicable», incidió.
Por último, abogó por que, junto al refuerzo de los Servicios Públicos de Empleo el mercado se abra a la intermediación de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT).
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