La Comisión Europea aprobó ayer dos directrices para garantizar que no hay competencia desleal en las ayudas de Estado que los Estados miembros pueden conceder para fomentar la contratación de personas con desventajas o discapacidad y las destinadas a incentivar la formación si la ayuda supera ciertos topes. El objetivo en la práctica es simplificar y clarificar la normativa comunitaria relativa a este tipo de ayudas públicas.
Las directrices fijan los criterios que analizará el Ejecutivo comunitario a la hora de analizar la compatibilidad de las ayudas de Estado, si se trata de «grandes cantidades», con las reglas comunitarias que regulan las ayudas públicas. Bruselas examinará sobre todo que haya un equilibrio entre los efectos positivos de la ayuda y el potencial impacto negativo de la misma para la competencia en la Unión.
La comisaria de Competencia, Neelie Kroes, explicó en un comunicado que las directrices pretenden «ayudar a las autoridades públicas y a las compañías a entender cómo pueden conseguir una aprobación rápida de las ayudas para formación y ayudas para trabajadores discapacitados o con desventajas» por parte del Ejecutivo comunitario.
TOPES PARA LA NOTIFICACIÓN
Las ayudas de estatales «equivalentes o superiores a los 5 millones de euros por año para personas con desventajas y, los 10 millones de euros, por persona y año para trabajadores discapacitados serán analizadas en base a las directrices» adoptadas ayer.
De acuerdo con las directrices aprobadas ayer, los Estados miembros deberán demostrar a la Comisión que el subsidio de salarios para este tipo de personas ha beneficiado su contratación y que, de otro modo sin las ayudas, no se hubiera producido. «La ayuda de Estado no puede emplearse para sustituir a trabajadores subsidiados cuyos subsidios han terminado y que, por ello, han sido despedidas», explica la Comisión Europea.
Además, los Estados miembros deberán demostrar a Bruselas con pruebas que la cantidad de ayuda no excede los costes adicionales derivados del hecho de emplear a categorías específicas de personas con desventajas o discapacidad respecto a los costes de emplear a personas sin desventaja ni discapacidad.
En el caso de las ayudas públicas para proyectos de formación, Bruselas obliga a notificar las ayudas a la formación que «exceden los dos millones de euros por proyectos de formación».
Los Estados miembros deberán remitir a Bruselas información que demuestre que el nivel de formación en la compañía beneficiada ha aumentado de manera real, bien en cantidad o en calidad, como consecuencia directa de las ayudas concedidas.
Para valorar que la ayuda es proporcional al potencial impacto negativo de las ayudas para la competencia, Bruselas deja claro que los costes elegibles tendrán que estar limitados a los costes derivados de las actividades de formación. Además, los Estados miembros deberán ofrecerle pruebas de que la ayuda no excede la parte de los costes que la compañía no puede recuperar, beneficiándose directamente de las capacidades adquiridas por un trabajador durante el periodo de formación.
Aunque Bruselas aprobó en 2008 el reglamento general de exención en bloque para facilitar la concesión de varios tipos de ayudas estatales por parte de los Estados miembros sin necesidad de notificar las ayudas a Bruselas, incluidas las destinadas a la formación y para fomentar el empleo de personas con discapacidad o desventajas, la Comisión considera que, debido al «mayor riesgo de distorsión de la competencia» que pueden tener este tipo de ayudas si se trata de «cantidades grandes», resulta «necesario» notificarlas.
El reglamento general de exención en bloque exigía a los Estados miembros notificar las ayudas para proyectos de formación por valor de dos millones de euros por proyecto, así como las ayudas para incentivar el empleo de personas con desventaja y discapacidad si, respectivamente, se elevaban a 5 y 10 millones de euros.
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