27 de noviembre de 2024
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UGT y CCOO denunciarán a la Caja por no aplicar las sentencias sobre cesión ilegal de trabajadores en FonoCantabria

UGT y CCOO denunciarán a la Caja por no aplicar las sentencias sobre cesión ilegal de trabajadores en FonoCantabria

Los sindicatos UGT y CC.OO. presentarán ante la Inspección de Trabajo una nueva denuncia contra Caja Cantabria por no aplicar las sentencias que declararon la existencia de una cesión ilegal de trabajadores en la banca telefónica de la entidad (FonoCantabria) y que acordaron que la plantilla de dicho servicio debía regirse por el convenio de cajas de ahorro en lugar de por el convenio de telemarketing.

Según criticaron hoy en rueda de prensa los sindicatos, hace un año que el fallo judicial es firme, desde que en mayo de 2008 el Tribunal Supremo no admitió un recurso presentado por la entidad, y sin embargo la Caja no hace más que buscar «excusas» para no cumplir las sentencias y para «dilatar» la situación en el tiempo.

Por ello, y con la convicción de que tienen la obligación de hacer que se cumplan los derechos de los trabajadores y los fallos judiciales, los dos sindicatos denunciaron hoy públicamente la situación y lo hicieron con el aval de los máximos responsables de ambas organizaciones, Vicente Arce (CC.OO.) y María Jesús Cedrún (UGT), a los que también acompañaron el presidente del comité de empresa de la Caja, Gerardo Mazorra (CC.OO.), y el secretario de la Federación de Servicios de UGT, Justo San Millán.

El problema con este servicio, en el que trabajan 15 personas, existe, según los sindicatos, desde su creación en el año 1992, ya que se externalizó y se contrató la plantilla a través de la empresa de telemarketing Samutel, pero la organización del trabajo quedó en manos de la Caja.

Años más tarde, primero la Inspección de Trabajo, después un Juzgado de lo Social y más tarde el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria reconocieron la existencia de una cesión ilegal de trabajadores desde el año 2000, y aunque la Caja lo recurrió ante el Supremo, éste no admitió el recurso y la sentencia es ya firme.

Tras la primera sentencia la Caja creó una sociedad bajo el nombre FonoCantabria, participada al cien por cien por la entidad, y se subrogó a los trabajadores de una a otra empresa, pero se sigue sin incorporar a ese personal a la plantilla de la entidad y sin aplicarles el convenio que les corresponde, señalaron los sindicatos.

Y tras la decisión del Supremo tampoco ha habido cambios. Por ello, dicen que la cesión ilegal «se sigue produciendo» y anuncian esa denuncia ante la Inspección de Trabajo para que se sancione a la Caja.

EXCUSAS Y DILACIONES

Vicente Arce explicó que en cumplimiento de lo que marca el Estatuto de los Trabajadores, al declararse la cesión ilegal se debería haber dado al personal la posibilidad de incorporarse a la plantilla de Caja Cantabria y regirse por el convenio de cajas de ahorro, pero todavía «no se ha hecho» y «se sigue retrasando» por parte de la entidad.

Según dijo, la propia Caja solicitó un arbitraje para determinar qué convenio se debía aplicar a estos trabajadores y la respuesta de la Inspección de Trabajo, recibida el 22 de enero de este año, concluye que corresponde el convenio de cajas. «Pero a día de hoy», y pese a las reuniones con responsables de la entidad «se sigue sin aplicar», lamentó.

En este sentido, Justo San Millán criticó que por parte de la Caja «nunca ha habido ánimo de negociar», sólo «ánimo de dilatar la situación en el tiempo y volver a judicializar el asunto», porque eso llevaría «otros cuatro o cinco años».

En su opinión, todo el «despropósito» en torno a este asunto se debe al director general de la entidad, Javier Eraso, que se dedica a buscar «excusas» para no aplicar las sentencias. Con todo ello, en la Caja se ha originado «una sinrazón» en la que se ha llegado «incluso» a «manipular» al Consejo de Administración, añadió.

Aplicar el convenio de empleados de banca a la plantilla de FonoCantabria supondría una diferencia salarial de entre 6.000 y 10.000 euros anuales. En el peor de los casos, si se les inscribiera en la categoría mínima, el aumento retributivo sería de unos 6.000 euros, pero si se les inscribe en la categoría que «realmente les corresponde», el incremento sería de 10.000 euros.

Pero más allá de la retribución, les supondría poder acogerse a otros derechos del personal inscrito en el convenio de cajas de ahorro, entre otras cosas, la posibilidad de promoción interna dentro de la Caja, comentaron los sindicatos.

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